dissabte, 24 de juny de 2017

El ADN dice no tras 80 años de búsqueda: “Me voy sin saber”.


http://www.lamarea.com/2017/06/23/no-parar-presidente-gobierno-padre-luis-siento/



Luis Vega tenía siete años cuando mataron a su padre y a su madre. La fosa fue exhumada hace casi dos años en el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz). Su hijo Juan Luis no se rinde: “No voy a parar hasta que un presidente del Gobierno le diga a mi padre: ‘Luis, lo siento'”.
23 Junio 2017
14:51
El ADN dice no tras 80 años de búsqueda: “Me voy sin saber”
Luis Vega a pie de fosa, en el cementerio de Paterna (Cádiz). J.L.V.
Tras 80 años buscando a su padre y a su madre, las pruebas de ADN han dado negativo. “Me voy sin saber”, le respondió este jueves Luis Vega, de 89 años, a su hijo, Juan Luis, cuando este le informó de que ninguno de los restos hallados en la fosa de Paterna de Rivera, en Cádiz, coinciden con las muestras aportadas por los familiares. Visto así, podríamos estar ante la historia de un fracaso, con un final muy distinto al que hace unas semanas llenó de alegría a Ascensión Mendieta, a quien la ciencia sí confirmó que los huesos encontrados en la fosa de Guadalajara eran los de su padre. Pero dice Juan Luis que su abuelo y su abuela, a quienes asesinaron los falangistas en 1936 cuando su padre tenía solo siete años, le enseñaron a no rendirse nunca: “Yo sé lo que es tener un padre y una madre, sin ellos no somos nada. Y puede que mi padre no haya encontrado a los suyos, pero yo no voy a parar hasta que un presidente del Gobierno o un jefe de Estado le escriba en una carta: ‘Luis, lo siento’”. Por tanto, no hay tiempo para fracasos. La lucha sigue.
El proceder de Juan Luis Vega hasta ahora da una idea de esa entereza incansable. Denunció públicamente los crímenes del franquismo en un pleno del Ayuntamiento, que desde entonces apoyó la exhumación. Luis relata así cómo vivió el momento en que lo separaron de su madre: “A mi madre se la llevaron delante mía. La llevaban por los brazos, con las piernas a rastras por la escalera. La apuntaban con una pistola como si fuera una fiera. Mi madre lo único que gritaba era: mis niños, mis niños, mis niños… Nos quedamos como el nido al que le dan con una escoba”, recoge el periodista Juan Miguel Baquero en Que fuera mi tierra. Catalina Sevillano Macho tenía 34 años y estaba casada con Francisco Vega García, activo cenetista que había logrado escapar. A la vuelta, lo mataron, resume el historiador José Luis Gutiérrez.
“Después denuncié los crímenes ante la Guardia Civil y no vino nadie”, prosigue Juan Luis. Mientras la justicia no se pronunciara, la exhumación no podía comenzar. Así que se plantó en el juzgado y dijo que de allí no se movía hasta ver al juez. No logró hablar con él, pero el juez terminó firmando el archivo de la denuncia. “Fui humillado judicialmente –admite– pero al menos podía seguir buscándolos”. Al principio quiso costear la exhumación con actuaciones benéficas, entre otras, de sus amigos cantaores de flamenco. Finalmente, la Junta financió los trabajos, que ha asumido también, como establece la nueva ley de memoria andaluza, la identificación genética a través del Instituto Genyo de Granada.
La fosa fue exhumada hace casi dos años en el cementerio de la localidad y fueron localizados los restos de 10 personas –ocho hombres y dos mujeres – con evidentes muestras de violencia. Poco antes de realizar las pruebas, el antropólogo forense encargado de los trabajos, Juan Miguel Gujio, avisaba de que lo que ha ocurrido podría ocurrir: “Este es un punto importante, dar a conocer las distintas posibilidades pero no engañar prometiendo paraísos que pueden no aparecer. Se debe atender, escuchar, informar y abordar vías de participación con las familias y colectivos y a veces no se podrá ir más allá y en otras ocasiones se logrará la identificación. Nunca más se los debería ignorar”.
Catalina Silva, con más de cien años, también aportó su muestra de ADN. Residente en Francia, busca a su hermana María Silva, Libertaria, superviviente de la matanza de Casas Viejas y asesinada por los golpistas en agosto de 1936. Su hijo, Juan Pérez Silva, logró que un juzgado declarara su fallecimiento legal en un auto fechado el 22 de junio de 2011, que ordenaba la inscripción de su muerte en el Registro Civil. Juan lo llevaba pidiendo desde 2008. La decisión suponía un reconocimiento moral para las familias de miles de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia. Cuando mataron a su madre, que estaba embarazada, él tenía solo 13 meses. “Es un gran paso, estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas que me han ayudado, pero me da pena que se haya producido tan tarde”, explicaba entonces en declaraciones aPúblico. Tenía 78 años. Juan murió al año siguiente.
“Es en estas situaciones, cuando el dolor se hace insoportable, la tristeza infinita y la rabia sube por el cuerpo, cuando, más que nunca, hay que decir que lo ocurrido no se puede considerar un fracaso. No puede serlo cuando se trata de una acción destinada a reparar tanta ignominia consentida durante tantos años. Al contrario, es un día para, a pesar de todo, sentirse orgullosos. Hoy, los familiares que se empeñaron en la búsqueda de los suyos, pueden sentirse satisfechos porque, gracias a ellos, Paterna es más digna que ayer”, reflexiona el historiador Gutiérrez sobre el proceso. “No sabremos sus nombres, ni sus familias que ahora, por fin, gracias al tesón de sus compañeros, ya no serán pisoteados y están enterrados, ahora sí, dignamente. Porque la dignidad, las víctimas nunca la perdieron”, concluye. 
Estas son las personas asesinadas en Paterna: María Arias Pantoja, Francisco Arillo Barroso, Miguel Barroso Becerra, Miguel Caballero Torrejón, Antonio El Chopo, Juan Cobelo Menacho, Francisco Coca Santos, Diego Dávila Barrios, Juan Dávila Barrios, Julián Galvín Candón, Bartolomé García Arias, Miguel García Lozano, Antonio García Orihuela, Rafael González, Pedro Hernández Pérez, José Jaén Benavides, El Cabezalero Mata, Martín Menacho Díaz, Francisco Menacho Villegas, Fernando Morales González, María Antonia Moreno Becerra, Francisco Morón Velasco, Juan Orihuela Mota, Miguel Pérez Cordón, José Pérez Muñecas, Francisco Pérez Velasco, Antonio Piñero Barroso, Juan Ramos Sánchez, José Rojas de la Vega, Antonio Rosado Moreno, Enrique Rubio Cabrera, Juan Rubio Cabrera, Catalina Sevillano Macho, María Silva Cruz, Antonio Traverso Fernández, Juan Valverde Colón, Pedro Valle Román, Francisco Vega García, José Vega García y Domingo Velasco Panal.
La historia vuelve a poner en evidencia lo que viene reclamando el colectivo memorialista hace años: la necesidad de agilizar las exhumaciones de unos restos en la mayoría de los casos deteriorados, lo que complica la identificación genética. “Yo llevo 39 años luchando por esto. La vida es así, nos ha golpeado fuerte. Nunca voy a actuar desde la venganza ni desde el rencor. Esto me ha hecho más fuerte y voy a seguir peleando”, finaliza Juan Luis, que dice que su padre está hoy un poquito mejor. 

divendres, 23 de juny de 2017

De cómo Espejel protegió a Billy el Niño. CRISTINA FALLARÁS.

http://ctxt.es/es/20170621/Politica/13436/ctxt-espejel-billy-el-nio-franquismo-martin-villa.htm



La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE

<p>Dolores de Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor a Concpeción Epejel, en febrero de 2014.</p>
Dolores de Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor a Concpeción Epejel, en febrero de 2014.
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MADRID | 21 DE JUNIO DE 2017
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Se llama Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le concedió la Medalla al Mérito Policial. 
Martín Villa fue presidente de Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige (2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable (2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco malo (2012). Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición. Pero eso fue antes de tanto nombramiento.
De hecho, un año antes de condecorar al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.
Y todo lo anterior contribuye a entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –'Concha', amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido además. 
LOS RELATOS DE LAS VÍCTIMAS DE BILLY EL NIÑO SON SOBRECOGEDORES Y DE DOMINIO PÚBLICO
Los autos de Espejel
El 18 de septiembre de 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. 
Concepción García Espejel presidió el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar la cara del “reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz: retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente localizable.
Para prohibir la fotografía o grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era “esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se encuentra el derecho a la propia imagen”. Finalizaba el auto: “Atendidas la ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa, en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote. 
CONCEPCIÓN GARCÍA ESPEJEL PRESIDIÓ EL TRIBUNAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE CONSIDERÓ QUE NO SE TRATABA DE TORTURAS, Y QUE, SI HABÍA ALGÚN DELITO, YA HABÍA PRESCRITO
De nada sirvió que las asociaciones de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los medios de comunicación difundir cualquier imagen de la cara del torturador.
Veinte días después, el 30 de abril de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición, para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación española del delito por el que se le reclama”. 
Pero, además, añadía: “No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso”. 
Y, finalmente, el tribunal presidido por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal. 
El papel del PSOE
Además de la extradición de los agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco. 
En aquel momento, exactamente el 29 de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”. 
La decisión del PSOE no sorprendió a las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP, PSOE, UPyD y CiU. 
Por parte del PSOE sólo acudieron Odón Elorza e Ignacio Sánchez Amor, en calidad de “público”.
LOS TORTURADORES Y ASESINOS DE LA DICTADURA FRANQUISTA JAMÁS HAN SIDO JUZGADOS, YA QUE SE BENEFICIARON DE LA LEY DE AMNISTÍA APROBADA EN ESPAÑA EN 1977
Los torturadores y asesinos de la dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en 1977. Dicha estratagema, una ley de punto final encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo. 
En diciembre de 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política. 
El 20 de diciembre de 2016, el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación. 
Decenas de denuncias
Esta semana, decenas de víctimas de los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados y no prescriben. Además, opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no estará completa la Transición. 
Teniendo en cuenta la premiada trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición, algo que al PP se le suponía.
Si además se observa que la presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas víctimas. 

Apenas seis meses después del comienzo de la guerra, el Boletín Oficial (franquista), en una edición para Tetuán, daba cuenta de una lista de 57 maquinistas de la Armada que quedaban separados del servicio


http://exiliomarinosrepublicanos.blogspot.com.es/2017/06/boletin-oficial-de-tetuan.html



jueves, 22 de junio de 2017


Boletín Oficial de Tetuán



Apenas seis meses después del comienzo de la guerra, el Boletín Oficial (franquista), en una edición para Tetuán, daba cuenta de una lista de 57 maquinistas de la Armada que quedaban separados del servicio, ”sin derecho a retiro, a viudedad, pensiones ni emolumentos de ninguna clase, uso de uniforme, cartera militar o cualquier ventaja” que les pudiera corresponder. 

En realidad, este amarillento BOE –obsérvese que figura “AÑO II” en la cabecera indicando que se trata del 2º año de la sublevación militar- retoma exactamente lo expuesto en el de Burgos con fecha de 31 de enero de 1937.

Cabía preguntarse qué fue de estos hombres de convicciones republicanas o que, al menos, se encontraban físicamente en zona republicana. De estos 57 marinos, he podido recabar información de 53 personas. De entre ellos, 6 fallecieron en campaña, durante el conflicto.

Al final de la guerra, uno fue fusilado en Cartagena, Benito Sacaluga Rodríguez; otro fue paseado, Juan Pantín Fernández, y un tercero,  Miguel Morey Iglesias, falleció en la cárcel de Chinchilla después de ser condenado a 20 años de reclusión. Diecinueve marcharon al exilio. Esto es, el 43% del grupo de los que llegaron vivos al final de la guerra. Los demás sufrieron consejos de guerra con distinta suerte.


MAQUINISTAS SEPARADOS DEL SERVICIO

Comandantes maquinistas
1.     Benito Sacaluga Rodríguez. Causa 4/1939. Fusilado el 29/04/1939
2.     Miguel Morey Iglesias. Consejo de Guerra. 20 años. Murió en la prisión de Chinchilla 1940 *

Capitanes Maquinistas
3.     Ramón López Rodríguez. Consejo de Guerra, condena 3 años.  
4.     Celso Pérez Fuentes. Consejo de Guerra, condena 20 años.
5.     Juan Manzanera Gabarrón. Consejo de Guerra, separado y retirado*
6.     Julián Sarabia Vera. Exilio. Condenado en rebeldía por masón,20 años.
7.     Tomás Acción Golpe. Exilio Argelia y Casablanca.
8.     Juan Pantín Fernández. Paseado el 31/12/1938.
9.     Blas Contreras Martínez. Consejo de Guerra, condena 20 años
10. Santiago López Jiménez. Exilio México. Causa abierta en Cartagena.

Tenientes Maquinistas
11.       Vicente Arregui Fernández. Condena de 6 años en Cádiz.
12.       Ricardo de Castro Calvelo. Exilio México.

Primero Maquinistas
13.       Juan Martínez Cobacho. Separado. Condenado por masón a 12 años en 1945.
14.       Alicio Vázquez Hinojosa. Fallecido en acción de guerra el 31/08/1936.
15.       Bartolomé Gisbert Quetglas. Consejo Guerra. Condena 12 años.
16.       Manuel Rey López. Exilio Túnez.


Segundos Maquinistas
17.       Francisco Navas Ruiz. Exilio México. Condenado en rebeldía por masón a 12 años.
18.       Tomás Díaz Martínez. Retirado del servicio en 1942*
19.       Eusebio Fernández Vázquez. Fallecido en el C-5.
20.       Alfonso García Martínez. Exilio México. Encausado por el TERMC**
21.       Pedro García Bazán, Exilio. Condenado en rebeldía por masón a 20 años en 1942.
22.       Manuel Gutiérrez Pérez. Exilio Venezuela. Encausado por el TERMC**
23.       Juan Barros Prieto. Exilio Chile.
24.       Pascual Soto Pérez, Consejo Guerra, cadena perpetua.
25.       Francisco Rosas Reus. Sufrió expediente informativo. Siguió carrera*
26.       Luis Sánchez Torres. Exilio Brasil. Encausado por el TERMC**.
27.       Ricardo García Torralba. Consejo de Guerra, 12 años*
28.       Rafael Sánchez Carmona. Consejo de Guerra. Fue absuelto. Siguió carrera*
29.       Ginés Hernández García. Consejo Guerra, condena a 20 años.
30.     Gerardo Elisechea García. Exilo Túnez.
31.       José Sastre Gabarrón. Fallecido en el hundimiento del C-3 el 12/12/1936.
32.       Santiago Valderas Ribes, Consejo Guerra, cadena perpetua.
33.       Guillermo Martínez López. Fallecido en campaña en 1936.
34.       Celestino Ros Martínez. Consejo de Guerra, condena 6 años *
35.       Baudilio Sanmartin García. Exilio Francia.
36.       Santiago Eiras González. Consejo de Guerra, condena seis meses y un día *

Terceros Maquinistas
37.       José Garcia Ballester. Consejo de Guerra, 1 año. Retirado*
38.       Luis Malde Fontela. Consejo de Guerra, condena 6 años.
39.       Juan Salas Balanza, Consejo de Guerra, condena 17 años
40.       Antonio Rey Puebla. Exilio a República Dominicana y Panamá
41.       Arsenio Pérez Fuentes. Causa 392/39, 6 años y un día. Retirado *
42.       Luis Calvo Alonso. Retirado 1940. Reingresa Cuerpo Subofic. 1945*
43.       Mario Montenegro Vieytes. Fallecido en el C-3 el 12/12/1936
44.       Manuel Martínez Cobacho. Causa 708/39. Separación del servicio *
45.       Julio Lizano Otin. Exilio Casablanca.
46.       Antonio Díaz Paadin. Exilio Túnez.
47.       Juan Baamonde López, fallecido en el hundimiento del C-3 el 12/12/1936.
48.       Eugenio Rodriguez Sierra. Exilio URSS
49.       Ángel Guevara de la Rosa. Exilio Túnez y Francia. Encausado en rebeldía por el TERMC**
50.       Manuel Couce Pita. Retirado 1945*
51.       Francisco Suarez Sanjurjo. Causa en Ferrol con resultado sobreseimiento. Rehabilitado

Retirados por la Ley de 1.931
Maquinistas Mayores (antigua Organización)
52.       Francisco Rivero Gutiérrez. Sin información.

Primero Maquinistas (antigua organización)
53.       Pastor Fernández Ramos. Sin información.
54.       José Lago Rodríguez. Sin información.
55.       Abelardo González Pallares. Sin información.

Segundos Maquinistas (antigua organización)
56.       Alfonso Játiva García, exilio Colombia. Panamá
57.       Juan Tenrreiro Rodríguez. Consejo de Guerra en Ferrol, condena a 12 años.

Burgos, 25 de enero de 1937. Firmado: El General Jefe, Germán, Gil Yuste.

* Vega Blasco, Antonio de la, El cuerpo de maquinistas de la Armada Española: (1850-1950). Madrid: Ministerio de Defensa, 2009.
** Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. 

Fuentes:
BOE 1937/02/25, pág. 03 - Suplemento Tetuán
VEGA BLASCO, Antonio de la, El Cuerpo de Maquinistas de la Armada (1850-1950), Madrid: Ministerio de Defensa, 2009.
Blog de Benito Sacaluga,
https://benitosacalugarodriguez.blogspot.com.es/

Navarra incluye a las víctimas de bebés robados durante el franquismo en su ley de Memoria Histórica.

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Navarra-victimas-franquismo-Memoria-Historica_0_656885445.html

A iniciativa de IU, con la firma además del resto de socios del cuatripartito y el apoyo, con matices, del resto de la oposición, Navarra ha modificado su ley de Memoria Histórica para incluir en ella el reconocimiento a las personas que sufrieron el robo de bebés durante el franquismo. La ley establece que el Gobierno de navarra financiará y creará un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal, en el que se conservarán los restos de las exhumaciones que se lleven a cabo en Navarra hasta que puedan compararse con las personas con quien pudieran tener relación.
También se abordará la elaboración de un censo de bebés robados en Navarra durante el franquismo (los expertos y las asociaciones de afectados no se ponen de acuerdo en torno al número de casos que se pudieron haber producido, y que según las fuentes pueden ir desde una decena hasta más de 100 casos). Este censo de bebés robados se articulará a través de una ampliación del convenio que el Gobierno mantiene en la actualidad con el Fondo Documental de la UPNA, y el objetivo será “tratar de esclarecer los casos de adopción irregular”.
Con esta modificación de la ley se pretende “extender a las víctimas de la práctica de bebés robados el reconocimiento, la reparación moral y el amparo institucional necesarios” para facilitar la búsqueda “de los seres queridos, injusta e ilegalmente arrebatados en el marco de la represión de género implantada durante el franquismo”, señala el texto legal.
Además, denuncia “la colaboración de personas pertenecientes a instituciones religiosas, sanitarias, políticas y judiciales” en la desaparición de recién nacidos que, finalmente, resultaban adoptados por familias que pagaban elevadas sumas de dinero a cambio de recibir a los bebés.
La ley quiere que este tipo de delito cometido durante el franquismo se eleve a la categoría de “crimen de lesa humanidad”, y para ello solicita del Estado las “modificaciones legales pertinentes” para crear una fiscalía especializada. En Navarra, se promoverá la modificación del reglamento de asistencia jurídica gratuita para incluir estos supuestos.
Al ampliar su campo de acción, la ley prevé que el Gobierno cree en los próximos presupuestos una partida específica para cubrir los costes de las exhumaciones y pruebas de ADN sobre bebés robados, una partida que no supondrá detraer dinero público de la que ya existe para financiar las exhumaciones de víctimas del franquismo. Para dar formalidad a este cambio legal, el Gobierno celebrará un acto institucional.