Carlos Jiménez Villarejo
Acnur – Federalistes d’Esquerres
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Este julio, se cumplirán esos años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. En 2008, se calcularon en 114.266.
La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es mas grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían Crímenes contra la Humanidad. A la espera de ese pretendido “punto final”, contribuyó el Tribunal Supremo (TS) cuando el 28/3/2012 excluyó de la persecución penal a estos gravísimos delitos con argumentos tan erróneos como carentes de fundamento legal.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca, conocieron quienes y cómo los asesinaron.
Ante tantas adversidades, cobra una especial significación lo que ha resuelto el Juzgado de la Instancia num. 2 de El Escorial. Por Auto del pasado 30 de Marzo, en un proceso civil de “Información ad perpetuam memoriam”, ha decidido reconocer aquellos derechos a una persona, nieta y sobrina-nieta, de dos ascendientes asesinados. Uno de ellos, “desaparecido” el 27 de julio de 1936 …fusilado por las autoridades en el barranco de la Bartolina (Calatayud) y enterrado en fosa común”. El otro, “…fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal (de aquella localidad) enterrándose los restos en fosa común…”. Se ha acreditado en dicho procedimiento que a raíz de “una orden cursada desde el Ministerio de la Gobernación… los días 3 y 4 de abril de 1959 se procedió al traslado de los restos cadavéricos (de dichas personas) desde Calatayud al cementerio del Valle de los Caídos sin que se pidiera autorización a la familia…”. Es ciertamente turbador cuanto relata la resolución judicial sobre el trasiego gubernativo de restos humanos víctimas del terror, completamente al margen del conocimiento y voluntad de los familiares. Es una muestra, conocida ahora, en 2016, del terror impuesto por la dictadura.
Afortunadamente, el Juez, pese a la oposición del Fiscal, ha acordado la exhumación de los restos depositados en el Valle, la comprobación de la relación familiar mediante la prueba del ADN y, caso positivo, su entrega a la demandante para satisfacer, finalmente, el derecho a darles digna sepultura. En todo caso, dicha resolución constituye una reparación limitada, en relación a lo que por ello entiende la Resolución de 2006, de NNUU, sobre derechos “de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos”. Basta constatar que la reparación implica “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”. Lo que, aquí, evidentemente no se ha producido.
El óptimo camino para llegar hasta aquí debía haber sido a través de un proceso penal, como correspondía a la naturaleza gravemente delictiva de los hechos. Y, desde luego, frente al criterio profundamente desviado de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 y del TS, “la búsqueda de los cadáveres de las personas asesinadas y las ayudas para recuperarlos e identificarlos…” nunca debió privatizarse, atribuyéndola a los familiares, la mayoría carente de recursos, y a las entidades memorialistas. Sobre todo, cuando desde que se constituyó el Gobierno del Partido Popular deroga de facto aquella Ley y suprime toda subvención pública a estas necesarias y legítimas iniciativas.
La noticia, sin duda positiva, de esta decisión judicial, contrasta, pues, con la absoluta pasividad de los poderes públicos en la búsqueda y localización, aún pendiente, de las fosas y de los miles de desaparecidos que en ellas permanecen. La situación es tan dramática como profundamente injusta. Sobre todo, después de que el Comité de NNUU contra las Desapariciones Forzadas, el 15/11/2013, exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida, lo que determina, como en el caso resuelto en el referido Juzgado nª2 de El Escorial, que los familiares de aquellas víctimas, muchos de ellos ya de edad avanzada, se vean abocados a entablar, desde el desamparo, denuncias y costosos pleitos civiles.
¿Quién se atreve a decir, desde la ignorancia o la mala fe, que las heridas abiertas por la dictadura están cerradas?
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Foto superior: Exhumaciones en las fosas comúnes de Barcones (Soria). / SUSANA SORIA
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