- Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Aragón ya están trabajando en normativas regionales de memoria democrática
- En Extremadura y Castilla-La Mancha están pendientes de iniciar los primeros trámites parlamentarios
- Asturias y Cantabria son las comunidades que van más rezagadas
Restos localizados durante una exhumación ARMH
"Que aquellos valores por los que lucharon hombres como los que homenajeamos aquí, de fraternidad universal, eliminación de fronteras, igualdad, libertad y solidaridad y que hoy no están todo lo suficiente que debieran presidiendo la acción de los poderes públicos, vuelvan a estarlo". Con estas palabras, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, anunció el pasado 26 de marzo en Caspe (Zaragoza) que el Ejecutivo autonómico estáelaborando una ley de memoria democrática para la comunidad, algo que defendió como "un derecho ciudadano", "un factor de legitimación moral de la comunidad política" y, en definitiva, una forma de que "no se vuelvan a repetir jamás aquellos aspectos de la historia que nos avergüenzan".
Lambán, que arrebató la Presidencia de Aragón al PP gracias alapoyo de Podemos, la Chunta Aragonesista (CHA) e IU, también apuntó, durante el acto de homenaje a tres brigadistas internacionales en la localidad, que se elaborará "una especie de geografía de la memoria" en la que aparezcan marcados diferentes puntos de la comunidad autónoma y que se está trabajando para que en el currículo educativo de ESO y Bachillerato se incluyan el próximo curso contenidos relativos a la memoria democrática, haciendo especial hincapié en el periodo entre la Segunda República y la Transición.
Sin embargo, no es la única comunidad autónoma que está elaborando proyectos similares. Cuatro de los nueve Ejecutivos autonómicos (Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Aragón) que giraron hacia la izquierda en las elecciones del pasado 24 de mayo han anunciado que estan trabajando en normativas de memoria democrática o han comenzado los trámites parlamentarios para su aprobación. En otras dos comunidades (Extremadura y Castilla-La Mancha), el tema se encuentra sobre la mesa a la espera de que se inicien los primeros trámites, mientras que en Asturias y Cantabria los diferentes Gobiernos todavía no se han pronunciado al respecto. Finalmente, en el caso de Navarra, la comunidad cuenta con una ley de memoria histórica desde el año 2013.
Baleares y Canarias: en camino
El pasado 21 de octubre se presentó, en rueda de prensa en el Parlament de les Illes Balears, la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern balear, en manos del PSOE gracias al apoyo de Més per Mallorca y Podemos, se encargará delocalizar e identificar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y, "si es posible", recuperar sus restos. "Proteger y preservar las fosas en colaboración con los ayuntamientos y los consells insulars" es uno de los objetivos recogidos en un texto en el que también se obliga al Ejecutivo autonómico a dar cuenta a la Fiscalía de aquellos indicios de comisión de crímenes contra la humanidad que le consten. Además, la norma prevé la creación de una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de personas desaparecidas.
El 23 de febrero, la norma superó su primer trámite parlamentario. Con los 36 votos a favor de todos los grupos en la Cámara, exceptuando la abstención de los 20 diputados del PP, el pleno del Parlament dio luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por los socialistas baleares, Podemos, la coalición Més y Gent per Formentera. Durante la sesión plenaria, los cuatro partidos reconocieron que llegaba demasiado tarde, mientras que Ciudadanos y el PP anunciaron su intención de introducir enmiendas al texto con el objetivo, según los conservadores, de "articular técnicamente un documento mejorable".
Aunque la ley todavía no está aprobada y se encuentra a la espera de la presentación de estas enmiendas, las asociaciones memorialistas se muestran parcialmente satisfechas con la norma. María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, explica a infoLibre que la norma está inspirada en la andaluza y asegura que están "satisfechas" porque "escrita en papel es aceptable". Sin embargo lamenta que los tiempos parlamentarios sean "muy lentos" y la carencia de dotación económica: "Para este año son 30.000 euros, aunque desde el Gobierno nos han dicho que para el año que viene se prevé que la dotación sea mayor". Además de la Ley de Fosas, el PSOE balear está trabajando en la elaboración de unaley de memoria democrática.
En el caso de Canarias, hace apenas dos semanas la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico acordó, con el visto bueno de todos los grupos del hemiciclo –Nacionalista, Popular, Socialista, Podemos, Nueva Canarias y ASG–, comenzar a trabajar en una ley autonómica de memoria democrática. Una "unanimidad y consenso" con el objetivo de "buscar la verdad, obtener justicia y conseguir reparación" que fue valorada de forma positiva por la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, después de reunirse con asociaciones memorialistas de las islas. "Hoy todos los grupos han mostrado su predisposición y entusiasmo a trabajar en una comisión propia presidida por mí en la que cada grupo nombrará un ponente y haremos un texto articulado que irá a pleno", completó en rueda de prensa.
"Eso todavía está un poco en pañales", apunta a este diarioMaximiliano Paiser, portavoz del Foro Canario de Víctimas del Franquismo. Sin embargo, aunque celebra el paso dado en el Parlamento autonómico y, sobre todo, la unanimidad de todos los grupos del hemiciclo, lamenta que todavía no se hayan reunido con ellos. "Es fundamental la elaboración de una ley de memoria histórica en Canarias" que amplíe y mejore la "ley light del Gobierno de Zapatero", algo para lo que es necesario, en su opinión, "la participación de todas las asociaciones y el diálogo" con el objetivo de que "no se nos escape nada" que permita que la normativa acabe convirtiéndose "en papel mojado".
Comunidad Valenciana y Aragón: trabajando en ello
Tras más de 16 años controlada por el PP, la Comunidad Valenciana volvió a poner el foco sobre la memoria histórica gracias al cambio de Ejecutivo que propició el acuerdo de Gobierno PSOE-Compromís-Podemos. Así, el pasado 19 de octubre, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, apostó por la creación de una ley de memoria democrática para la comunidad autónoma durante la primera reunión mantenida con la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. La intención de impulsar esta iniciativa ya había sido barajada en abril de 2015, a solo un mes de los comicios, en otra cita en la que participaron el PSPV, IU, sindicatos y representantes de asociaciones memorialistas.
Tres días después del anuncio, los socialistas valencianos registraron en Les Corts una proposición no de ley para dar inicio a la redacción y promulgación de la norma. Por el momento, no ha sido sometida a votación, pero la nueva distribución en el Parlamento autonómico hace pensar que el texto no será bloqueado, tal y como ya ocurrió el 25 de marzo de 2015 con una proposición no de ley en la misma línea que presentó Esquerra Unida y que el PP vetó utilizando su entonces mayoría absoluta al considerar que era "innecesario" y no venía "al caso". No obstante, la diputada socialista Mercedes Caballero aseguró que, aunque se encuentre en stand by, la propuesta es fundamental para el Govern.
"En la Comunidad Valenciana no existe nada regulado sobre la práctica real del día a día de la memoria histórica", señala Matías Alonso, del GRMH. Por ello, considera que "hace falta" una ley que "cambie y obligue": "Que castigue las actitudes de insumisión y de bloqueo incluyendo un capítulo de sanciones", completa en conversación con este diario. Así, saluda los pasos dados en la comunidad autónoma y asegura que les consta que la Consellería de Justicia ya está trabajando en esa normativa, pero pide la"máxima celeridad" por la avanzada edad de los familiares de las víctimas del franquismo y que se tenga en cuenta "experiencias" de los colectivos para no "caer en errores, voluntaria o involuntariamente" que dejen flecos sueltos por los que se escapen "muchos alcaldes que en el fondo lo que persiguen es que nunca se aplique".
Desde Aragón también se le está prestando especial atención. Así, el presidente del Gobierno aragonés anunció hace unos días parte de la estrategia del Ejecutivo en esta materia: se está trabajando en la elaboración de una normativa autonómica de memoria democrática. Este paso se suma a la decisión de recuperar las ayudas económicas suprimidas durante la pasada legislatura por el Ejecutivo del PP. Así, en 2016 se destinará un total de 100.000 euros, tal y como se recoge en los presupuestos autonómicos de 2016, para "impulsar proyectos y actuaciones de investigación y difusión realizados por particulares, entidades sin ánimo de lucro y empresas, dirigidas a la recuperación de la memoria histórica de la lucha por la democracia en Aragón, o en relación con Aragón".
"Esperemos que con esta ley el Ejecutivo mejore lo que falla", señala a este diario Miguel Ángel Capapé, portavoz de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico). Una normativa que, en su opinión, tendría que centrarse, en primera instancia, en "recuperar los restos" de aquellos que a día de hoy se encuentran enterrados en cunetas, ayudando a las familias de los desaparecidos en las exhumaciones. Sin embargo, asegura que las asociaciones memorialistas desconocen los detalles de la ley que prepara el Gobierno de Lambán: "No nos han solicitado información. No sabemos lo que están haciendo", afirma, añadiendo a renglón seguido que han solicitado en diferentes ocasiones una reunión con el presidente aragonés que no les ha sido concedida.
Extremadura y Castilla-La Mancha: el tema sobre la mesa
En el caso de Castilla-La Mancha, el intento para elaborar una ley regional de memoria histórica todavía no ha llegado al Parlamento autonómico. Por el momento sólo ha trascendido que Podemos está estudiando, con las asociaciones ciudadanas Gavilla Verde y Ciudadanos por la República, la elaboración de una normativa en esta línea porque, en opinión de la responsable del área de cultura de la formación morada, Ana Navarrete, la ley de ámbito estatal aprobada en 2007 se ha quedado "coja" y es necesario impulsar otras actuaciones "de justicia para las víctimas del franquismo".
Por ello, en rueda de prensa junto a portavoces de ambas asociaciones, recalcó la necesidad de que el resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha se sumen a una iniciativa que busca, según recogió Podemos en un comunicado, "la retirada de la simbología franquista; establezca una dotación presupuestaria para las políticas públicas dedicadas a la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura; prohíba la simbología contraria a la memoria democrática o fomente la creación de comisiones de la verdad con expertos independientes que investiguen violaciones de derechos humanos".
Máximo Molina, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca, se muestra cauto a la hora de hablar sobre el tema. "Si lo que vamos a tener es una ley de memoria histórica que va a estar totalmente vigente y está totalmente vacía, una norma que incluso la gente públicamente proclama que se la saltan y no pasa nada, no veo el sentido", lamenta, poniendo como ejemplo la actual Ley 52/2007. Aunque recuerda que Castilla-La Mancha ha tenido durante muchos años un Gobierno socialista que ha intentado "mantenerse al margen", se muestra convencido de que el PSOE dará luz verde a la futura propuesta que eleve el partido morado a las Cortes: "Está gobernando ahora mismo porque hay un miembro de Podemos en el Parlamento", señala.
Extremadura, por su parte, también se está moviendo en la misma dirección. El pasado mes de diciembre la Asamblea autonómica aprobó, con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, una iniciativa parlamentaria para instar al Ejecutivo regional a que elabore una normativa extremeña de memoria histórica similar a la que ya han impulsado otras comunidades autónomas –Navarra y Andalucía–. El diputado socialista en la Cámara Fernando Ayala consideró, durante la sesión, que es necesario que la comunidad se dote de esta norma y que se pueda incorporar al currículum educativo el "valor democrático", al tiempo que afirmó que en este ámbito "no hay que confundir perdón con olvido".
Sin embargo, aunque C's apoyase finalmente la iniciativa, que también exige al Gobierno central que cumpla la Ley 52/2007, aseguró que no es necesario un texto de estas características a nivel regional. El PP, por su parte, explicó su abstención en la sesión asegurando que su partido teme que de esta forma se intenten buscar "más nichos (de empleo) para la gente amiga". Por el momento, el Ejecutivo autonómico, que el PSOE arrebató al PP gracias al apoyo de Podemos tras las elecciones del 24-M, no se ha pronunciado al respecto.
Asturias y Cantabria: sin novedades por el momento
En el caso de Asturias, ningún partido ha hecho todavía pública su intención de elevar a la Junta General del Principado un texto de estas características. Sin embargo, desde las asociaciones memorialistas se está trabajando en esta línea a petición de IU, tal y como confirma a infoLibre Juan Cigarría, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). En su opinión, la nueva normativa tendría que "superar ampliamente" la ley estatal, que considera "aberrante porque no reconoce a las víctimas del franquismo directamente y además reconoce como legal las sentencias represivas del franquismo".
Por ello, pide una normativa que recoja "la elaboración oficial de listado de víctimas del franquismo desde las consejerías de Justicia, el reconocimiento explícito de la condición de víctimas del franquismo a nivel local, la confección de un catálogo de fosas...". Aunque asegura que en Asturias el PSOE siempre ha mantenido "una actitud completamente pasiva" en relación con la memoria histórica, cree que la actual distribución del Parlamento autonómico, donde el Ejecutivo socialista se mantiene gracias al apoyo de IU, podría facilitar la aprobación de la norma.
Desde Cantabria, el PSOE también tiene en su agenda la elaboración de una ley en esta línea. "Es necesaria en mi opinión y una de las ideas que defendemos es la de proponer que se ponga en marcha una Ley de Memoria Histórica de Cantabria", apunta ainfoLibre en conversación telefónica Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica de los socialistas cántabros. Aunque afirma que todavía no se tiene ningún borrador, explica que ya se han celebrado reuniones con todas las asociaciones memorialistas de la comunidad autónoma. "No tenemos una fecha prevista, pero se hará en esta legislatura", asevera. El nuevo Ejecutivo autonómico surgido de las urnas, formado por el PRC y PSOE, puede poner fin al "abandono por la administración" al que ha estado sometida la memoria en la última legislatura.
Navarra: pionera en la materia
El caso de Navarra es diferente. Aunque las elecciones autonómicas del pasado 24-M pusieran fin a casi dos décadas de gobierno de UPN gracias al acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, lo cierto es que la comunidad autónoma ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, la comunidad autónoma se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica.
"Yo estoy muy contenta", señala a infoLibre Olga Acelga, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Aunque afirma que "se han ido cumpliendo cosas", apunta que "como siempre, hay problema con las fosas": "Van desapareciendo los testimonios, los asesinos y no hay dinero", completa en conversación telefónica. En este sentido, se felicita de que el actual Ejecutivo navarro sí que haya sacado una partida presupuestaria y que tenga "muy buena disposición" en materia de memoria histórica. "Hay muchas cosas por hacer, pero las sensaciones son muy buenas. Aunque siento que todavía hay mucho por hacer", concluye.
Restos localizados durante una exhumación ARMH
"Que aquellos valores por los que lucharon hombres como los que homenajeamos aquí, de fraternidad universal, eliminación de fronteras, igualdad, libertad y solidaridad y que hoy no están todo lo suficiente que debieran presidiendo la acción de los poderes públicos, vuelvan a estarlo". Con estas palabras, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, anunció el pasado 26 de marzo en Caspe (Zaragoza) que el Ejecutivo autonómico estáelaborando una ley de memoria democrática para la comunidad, algo que defendió como "un derecho ciudadano", "un factor de legitimación moral de la comunidad política" y, en definitiva, una forma de que "no se vuelvan a repetir jamás aquellos aspectos de la historia que nos avergüenzan".
Lambán, que arrebató la Presidencia de Aragón al PP gracias alapoyo de Podemos, la Chunta Aragonesista (CHA) e IU, también apuntó, durante el acto de homenaje a tres brigadistas internacionales en la localidad, que se elaborará "una especie de geografía de la memoria" en la que aparezcan marcados diferentes puntos de la comunidad autónoma y que se está trabajando para que en el currículo educativo de ESO y Bachillerato se incluyan el próximo curso contenidos relativos a la memoria democrática, haciendo especial hincapié en el periodo entre la Segunda República y la Transición.
Sin embargo, no es la única comunidad autónoma que está elaborando proyectos similares. Cuatro de los nueve Ejecutivos autonómicos (Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Aragón) que giraron hacia la izquierda en las elecciones del pasado 24 de mayo han anunciado que estan trabajando en normativas de memoria democrática o han comenzado los trámites parlamentarios para su aprobación. En otras dos comunidades (Extremadura y Castilla-La Mancha), el tema se encuentra sobre la mesa a la espera de que se inicien los primeros trámites, mientras que en Asturias y Cantabria los diferentes Gobiernos todavía no se han pronunciado al respecto. Finalmente, en el caso de Navarra, la comunidad cuenta con una ley de memoria histórica desde el año 2013.
Baleares y Canarias: en camino
El pasado 21 de octubre se presentó, en rueda de prensa en el Parlament de les Illes Balears, la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern balear, en manos del PSOE gracias al apoyo de Més per Mallorca y Podemos, se encargará delocalizar e identificar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y, "si es posible", recuperar sus restos. "Proteger y preservar las fosas en colaboración con los ayuntamientos y los consells insulars" es uno de los objetivos recogidos en un texto en el que también se obliga al Ejecutivo autonómico a dar cuenta a la Fiscalía de aquellos indicios de comisión de crímenes contra la humanidad que le consten. Además, la norma prevé la creación de una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de personas desaparecidas.
El 23 de febrero, la norma superó su primer trámite parlamentario. Con los 36 votos a favor de todos los grupos en la Cámara, exceptuando la abstención de los 20 diputados del PP, el pleno del Parlament dio luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por los socialistas baleares, Podemos, la coalición Més y Gent per Formentera. Durante la sesión plenaria, los cuatro partidos reconocieron que llegaba demasiado tarde, mientras que Ciudadanos y el PP anunciaron su intención de introducir enmiendas al texto con el objetivo, según los conservadores, de "articular técnicamente un documento mejorable".
Aunque la ley todavía no está aprobada y se encuentra a la espera de la presentación de estas enmiendas, las asociaciones memorialistas se muestran parcialmente satisfechas con la norma. María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, explica a infoLibre que la norma está inspirada en la andaluza y asegura que están "satisfechas" porque "escrita en papel es aceptable". Sin embargo lamenta que los tiempos parlamentarios sean "muy lentos" y la carencia de dotación económica: "Para este año son 30.000 euros, aunque desde el Gobierno nos han dicho que para el año que viene se prevé que la dotación sea mayor". Además de la Ley de Fosas, el PSOE balear está trabajando en la elaboración de unaley de memoria democrática.
En el caso de Canarias, hace apenas dos semanas la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico acordó, con el visto bueno de todos los grupos del hemiciclo –Nacionalista, Popular, Socialista, Podemos, Nueva Canarias y ASG–, comenzar a trabajar en una ley autonómica de memoria democrática. Una "unanimidad y consenso" con el objetivo de "buscar la verdad, obtener justicia y conseguir reparación" que fue valorada de forma positiva por la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, después de reunirse con asociaciones memorialistas de las islas. "Hoy todos los grupos han mostrado su predisposición y entusiasmo a trabajar en una comisión propia presidida por mí en la que cada grupo nombrará un ponente y haremos un texto articulado que irá a pleno", completó en rueda de prensa.
"Eso todavía está un poco en pañales", apunta a este diarioMaximiliano Paiser, portavoz del Foro Canario de Víctimas del Franquismo. Sin embargo, aunque celebra el paso dado en el Parlamento autonómico y, sobre todo, la unanimidad de todos los grupos del hemiciclo, lamenta que todavía no se hayan reunido con ellos. "Es fundamental la elaboración de una ley de memoria histórica en Canarias" que amplíe y mejore la "ley light del Gobierno de Zapatero", algo para lo que es necesario, en su opinión, "la participación de todas las asociaciones y el diálogo" con el objetivo de que "no se nos escape nada" que permita que la normativa acabe convirtiéndose "en papel mojado".
Comunidad Valenciana y Aragón: trabajando en ello
Tras más de 16 años controlada por el PP, la Comunidad Valenciana volvió a poner el foco sobre la memoria histórica gracias al cambio de Ejecutivo que propició el acuerdo de Gobierno PSOE-Compromís-Podemos. Así, el pasado 19 de octubre, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, apostó por la creación de una ley de memoria democrática para la comunidad autónoma durante la primera reunión mantenida con la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. La intención de impulsar esta iniciativa ya había sido barajada en abril de 2015, a solo un mes de los comicios, en otra cita en la que participaron el PSPV, IU, sindicatos y representantes de asociaciones memorialistas.
Tres días después del anuncio, los socialistas valencianos registraron en Les Corts una proposición no de ley para dar inicio a la redacción y promulgación de la norma. Por el momento, no ha sido sometida a votación, pero la nueva distribución en el Parlamento autonómico hace pensar que el texto no será bloqueado, tal y como ya ocurrió el 25 de marzo de 2015 con una proposición no de ley en la misma línea que presentó Esquerra Unida y que el PP vetó utilizando su entonces mayoría absoluta al considerar que era "innecesario" y no venía "al caso". No obstante, la diputada socialista Mercedes Caballero aseguró que, aunque se encuentre en stand by, la propuesta es fundamental para el Govern.
"En la Comunidad Valenciana no existe nada regulado sobre la práctica real del día a día de la memoria histórica", señala Matías Alonso, del GRMH. Por ello, considera que "hace falta" una ley que "cambie y obligue": "Que castigue las actitudes de insumisión y de bloqueo incluyendo un capítulo de sanciones", completa en conversación con este diario. Así, saluda los pasos dados en la comunidad autónoma y asegura que les consta que la Consellería de Justicia ya está trabajando en esa normativa, pero pide la"máxima celeridad" por la avanzada edad de los familiares de las víctimas del franquismo y que se tenga en cuenta "experiencias" de los colectivos para no "caer en errores, voluntaria o involuntariamente" que dejen flecos sueltos por los que se escapen "muchos alcaldes que en el fondo lo que persiguen es que nunca se aplique".
Desde Aragón también se le está prestando especial atención. Así, el presidente del Gobierno aragonés anunció hace unos días parte de la estrategia del Ejecutivo en esta materia: se está trabajando en la elaboración de una normativa autonómica de memoria democrática. Este paso se suma a la decisión de recuperar las ayudas económicas suprimidas durante la pasada legislatura por el Ejecutivo del PP. Así, en 2016 se destinará un total de 100.000 euros, tal y como se recoge en los presupuestos autonómicos de 2016, para "impulsar proyectos y actuaciones de investigación y difusión realizados por particulares, entidades sin ánimo de lucro y empresas, dirigidas a la recuperación de la memoria histórica de la lucha por la democracia en Aragón, o en relación con Aragón".
"Esperemos que con esta ley el Ejecutivo mejore lo que falla", señala a este diario Miguel Ángel Capapé, portavoz de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico). Una normativa que, en su opinión, tendría que centrarse, en primera instancia, en "recuperar los restos" de aquellos que a día de hoy se encuentran enterrados en cunetas, ayudando a las familias de los desaparecidos en las exhumaciones. Sin embargo, asegura que las asociaciones memorialistas desconocen los detalles de la ley que prepara el Gobierno de Lambán: "No nos han solicitado información. No sabemos lo que están haciendo", afirma, añadiendo a renglón seguido que han solicitado en diferentes ocasiones una reunión con el presidente aragonés que no les ha sido concedida.
Extremadura y Castilla-La Mancha: el tema sobre la mesa
En el caso de Castilla-La Mancha, el intento para elaborar una ley regional de memoria histórica todavía no ha llegado al Parlamento autonómico. Por el momento sólo ha trascendido que Podemos está estudiando, con las asociaciones ciudadanas Gavilla Verde y Ciudadanos por la República, la elaboración de una normativa en esta línea porque, en opinión de la responsable del área de cultura de la formación morada, Ana Navarrete, la ley de ámbito estatal aprobada en 2007 se ha quedado "coja" y es necesario impulsar otras actuaciones "de justicia para las víctimas del franquismo".
Por ello, en rueda de prensa junto a portavoces de ambas asociaciones, recalcó la necesidad de que el resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha se sumen a una iniciativa que busca, según recogió Podemos en un comunicado, "la retirada de la simbología franquista; establezca una dotación presupuestaria para las políticas públicas dedicadas a la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura; prohíba la simbología contraria a la memoria democrática o fomente la creación de comisiones de la verdad con expertos independientes que investiguen violaciones de derechos humanos".
Máximo Molina, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca, se muestra cauto a la hora de hablar sobre el tema. "Si lo que vamos a tener es una ley de memoria histórica que va a estar totalmente vigente y está totalmente vacía, una norma que incluso la gente públicamente proclama que se la saltan y no pasa nada, no veo el sentido", lamenta, poniendo como ejemplo la actual Ley 52/2007. Aunque recuerda que Castilla-La Mancha ha tenido durante muchos años un Gobierno socialista que ha intentado "mantenerse al margen", se muestra convencido de que el PSOE dará luz verde a la futura propuesta que eleve el partido morado a las Cortes: "Está gobernando ahora mismo porque hay un miembro de Podemos en el Parlamento", señala.
Extremadura, por su parte, también se está moviendo en la misma dirección. El pasado mes de diciembre la Asamblea autonómica aprobó, con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, una iniciativa parlamentaria para instar al Ejecutivo regional a que elabore una normativa extremeña de memoria histórica similar a la que ya han impulsado otras comunidades autónomas –Navarra y Andalucía–. El diputado socialista en la Cámara Fernando Ayala consideró, durante la sesión, que es necesario que la comunidad se dote de esta norma y que se pueda incorporar al currículum educativo el "valor democrático", al tiempo que afirmó que en este ámbito "no hay que confundir perdón con olvido".
Sin embargo, aunque C's apoyase finalmente la iniciativa, que también exige al Gobierno central que cumpla la Ley 52/2007, aseguró que no es necesario un texto de estas características a nivel regional. El PP, por su parte, explicó su abstención en la sesión asegurando que su partido teme que de esta forma se intenten buscar "más nichos (de empleo) para la gente amiga". Por el momento, el Ejecutivo autonómico, que el PSOE arrebató al PP gracias al apoyo de Podemos tras las elecciones del 24-M, no se ha pronunciado al respecto.
Asturias y Cantabria: sin novedades por el momento
En el caso de Asturias, ningún partido ha hecho todavía pública su intención de elevar a la Junta General del Principado un texto de estas características. Sin embargo, desde las asociaciones memorialistas se está trabajando en esta línea a petición de IU, tal y como confirma a infoLibre Juan Cigarría, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). En su opinión, la nueva normativa tendría que "superar ampliamente" la ley estatal, que considera "aberrante porque no reconoce a las víctimas del franquismo directamente y además reconoce como legal las sentencias represivas del franquismo".
Por ello, pide una normativa que recoja "la elaboración oficial de listado de víctimas del franquismo desde las consejerías de Justicia, el reconocimiento explícito de la condición de víctimas del franquismo a nivel local, la confección de un catálogo de fosas...". Aunque asegura que en Asturias el PSOE siempre ha mantenido "una actitud completamente pasiva" en relación con la memoria histórica, cree que la actual distribución del Parlamento autonómico, donde el Ejecutivo socialista se mantiene gracias al apoyo de IU, podría facilitar la aprobación de la norma.
Desde Cantabria, el PSOE también tiene en su agenda la elaboración de una ley en esta línea. "Es necesaria en mi opinión y una de las ideas que defendemos es la de proponer que se ponga en marcha una Ley de Memoria Histórica de Cantabria", apunta ainfoLibre en conversación telefónica Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica de los socialistas cántabros. Aunque afirma que todavía no se tiene ningún borrador, explica que ya se han celebrado reuniones con todas las asociaciones memorialistas de la comunidad autónoma. "No tenemos una fecha prevista, pero se hará en esta legislatura", asevera. El nuevo Ejecutivo autonómico surgido de las urnas, formado por el PRC y PSOE, puede poner fin al "abandono por la administración" al que ha estado sometida la memoria en la última legislatura.
Navarra: pionera en la materia
El caso de Navarra es diferente. Aunque las elecciones autonómicas del pasado 24-M pusieran fin a casi dos décadas de gobierno de UPN gracias al acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, lo cierto es que la comunidad autónoma ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, la comunidad autónoma se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica.
"Yo estoy muy contenta", señala a infoLibre Olga Acelga, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Aunque afirma que "se han ido cumpliendo cosas", apunta que "como siempre, hay problema con las fosas": "Van desapareciendo los testimonios, los asesinos y no hay dinero", completa en conversación telefónica. En este sentido, se felicita de que el actual Ejecutivo navarro sí que haya sacado una partida presupuestaria y que tenga "muy buena disposición" en materia de memoria histórica. "Hay muchas cosas por hacer, pero las sensaciones son muy buenas. Aunque siento que todavía hay mucho por hacer", concluye.
Lambán, que arrebató la Presidencia de Aragón al PP gracias alapoyo de Podemos, la Chunta Aragonesista (CHA) e IU, también apuntó, durante el acto de homenaje a tres brigadistas internacionales en la localidad, que se elaborará "una especie de geografía de la memoria" en la que aparezcan marcados diferentes puntos de la comunidad autónoma y que se está trabajando para que en el currículo educativo de ESO y Bachillerato se incluyan el próximo curso contenidos relativos a la memoria democrática, haciendo especial hincapié en el periodo entre la Segunda República y la Transición.
Sin embargo, no es la única comunidad autónoma que está elaborando proyectos similares. Cuatro de los nueve Ejecutivos autonómicos (Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Aragón) que giraron hacia la izquierda en las elecciones del pasado 24 de mayo han anunciado que estan trabajando en normativas de memoria democrática o han comenzado los trámites parlamentarios para su aprobación. En otras dos comunidades (Extremadura y Castilla-La Mancha), el tema se encuentra sobre la mesa a la espera de que se inicien los primeros trámites, mientras que en Asturias y Cantabria los diferentes Gobiernos todavía no se han pronunciado al respecto. Finalmente, en el caso de Navarra, la comunidad cuenta con una ley de memoria histórica desde el año 2013.
Baleares y Canarias: en camino
El pasado 21 de octubre se presentó, en rueda de prensa en el Parlament de les Illes Balears, la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern balear, en manos del PSOE gracias al apoyo de Més per Mallorca y Podemos, se encargará delocalizar e identificar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y, "si es posible", recuperar sus restos. "Proteger y preservar las fosas en colaboración con los ayuntamientos y los consells insulars" es uno de los objetivos recogidos en un texto en el que también se obliga al Ejecutivo autonómico a dar cuenta a la Fiscalía de aquellos indicios de comisión de crímenes contra la humanidad que le consten. Además, la norma prevé la creación de una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de personas desaparecidas.
El 23 de febrero, la norma superó su primer trámite parlamentario. Con los 36 votos a favor de todos los grupos en la Cámara, exceptuando la abstención de los 20 diputados del PP, el pleno del Parlament dio luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por los socialistas baleares, Podemos, la coalición Més y Gent per Formentera. Durante la sesión plenaria, los cuatro partidos reconocieron que llegaba demasiado tarde, mientras que Ciudadanos y el PP anunciaron su intención de introducir enmiendas al texto con el objetivo, según los conservadores, de "articular técnicamente un documento mejorable".
Aunque la ley todavía no está aprobada y se encuentra a la espera de la presentación de estas enmiendas, las asociaciones memorialistas se muestran parcialmente satisfechas con la norma. María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, explica a infoLibre que la norma está inspirada en la andaluza y asegura que están "satisfechas" porque "escrita en papel es aceptable". Sin embargo lamenta que los tiempos parlamentarios sean "muy lentos" y la carencia de dotación económica: "Para este año son 30.000 euros, aunque desde el Gobierno nos han dicho que para el año que viene se prevé que la dotación sea mayor". Además de la Ley de Fosas, el PSOE balear está trabajando en la elaboración de unaley de memoria democrática.
En el caso de Canarias, hace apenas dos semanas la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico acordó, con el visto bueno de todos los grupos del hemiciclo –Nacionalista, Popular, Socialista, Podemos, Nueva Canarias y ASG–, comenzar a trabajar en una ley autonómica de memoria democrática. Una "unanimidad y consenso" con el objetivo de "buscar la verdad, obtener justicia y conseguir reparación" que fue valorada de forma positiva por la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, después de reunirse con asociaciones memorialistas de las islas. "Hoy todos los grupos han mostrado su predisposición y entusiasmo a trabajar en una comisión propia presidida por mí en la que cada grupo nombrará un ponente y haremos un texto articulado que irá a pleno", completó en rueda de prensa.
"Eso todavía está un poco en pañales", apunta a este diarioMaximiliano Paiser, portavoz del Foro Canario de Víctimas del Franquismo. Sin embargo, aunque celebra el paso dado en el Parlamento autonómico y, sobre todo, la unanimidad de todos los grupos del hemiciclo, lamenta que todavía no se hayan reunido con ellos. "Es fundamental la elaboración de una ley de memoria histórica en Canarias" que amplíe y mejore la "ley light del Gobierno de Zapatero", algo para lo que es necesario, en su opinión, "la participación de todas las asociaciones y el diálogo" con el objetivo de que "no se nos escape nada" que permita que la normativa acabe convirtiéndose "en papel mojado".
Comunidad Valenciana y Aragón: trabajando en ello
Tras más de 16 años controlada por el PP, la Comunidad Valenciana volvió a poner el foco sobre la memoria histórica gracias al cambio de Ejecutivo que propició el acuerdo de Gobierno PSOE-Compromís-Podemos. Así, el pasado 19 de octubre, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, apostó por la creación de una ley de memoria democrática para la comunidad autónoma durante la primera reunión mantenida con la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. La intención de impulsar esta iniciativa ya había sido barajada en abril de 2015, a solo un mes de los comicios, en otra cita en la que participaron el PSPV, IU, sindicatos y representantes de asociaciones memorialistas.
Tres días después del anuncio, los socialistas valencianos registraron en Les Corts una proposición no de ley para dar inicio a la redacción y promulgación de la norma. Por el momento, no ha sido sometida a votación, pero la nueva distribución en el Parlamento autonómico hace pensar que el texto no será bloqueado, tal y como ya ocurrió el 25 de marzo de 2015 con una proposición no de ley en la misma línea que presentó Esquerra Unida y que el PP vetó utilizando su entonces mayoría absoluta al considerar que era "innecesario" y no venía "al caso". No obstante, la diputada socialista Mercedes Caballero aseguró que, aunque se encuentre en stand by, la propuesta es fundamental para el Govern.
"En la Comunidad Valenciana no existe nada regulado sobre la práctica real del día a día de la memoria histórica", señala Matías Alonso, del GRMH. Por ello, considera que "hace falta" una ley que "cambie y obligue": "Que castigue las actitudes de insumisión y de bloqueo incluyendo un capítulo de sanciones", completa en conversación con este diario. Así, saluda los pasos dados en la comunidad autónoma y asegura que les consta que la Consellería de Justicia ya está trabajando en esa normativa, pero pide la"máxima celeridad" por la avanzada edad de los familiares de las víctimas del franquismo y que se tenga en cuenta "experiencias" de los colectivos para no "caer en errores, voluntaria o involuntariamente" que dejen flecos sueltos por los que se escapen "muchos alcaldes que en el fondo lo que persiguen es que nunca se aplique".
Desde Aragón también se le está prestando especial atención. Así, el presidente del Gobierno aragonés anunció hace unos días parte de la estrategia del Ejecutivo en esta materia: se está trabajando en la elaboración de una normativa autonómica de memoria democrática. Este paso se suma a la decisión de recuperar las ayudas económicas suprimidas durante la pasada legislatura por el Ejecutivo del PP. Así, en 2016 se destinará un total de 100.000 euros, tal y como se recoge en los presupuestos autonómicos de 2016, para "impulsar proyectos y actuaciones de investigación y difusión realizados por particulares, entidades sin ánimo de lucro y empresas, dirigidas a la recuperación de la memoria histórica de la lucha por la democracia en Aragón, o en relación con Aragón".
"Esperemos que con esta ley el Ejecutivo mejore lo que falla", señala a este diario Miguel Ángel Capapé, portavoz de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico). Una normativa que, en su opinión, tendría que centrarse, en primera instancia, en "recuperar los restos" de aquellos que a día de hoy se encuentran enterrados en cunetas, ayudando a las familias de los desaparecidos en las exhumaciones. Sin embargo, asegura que las asociaciones memorialistas desconocen los detalles de la ley que prepara el Gobierno de Lambán: "No nos han solicitado información. No sabemos lo que están haciendo", afirma, añadiendo a renglón seguido que han solicitado en diferentes ocasiones una reunión con el presidente aragonés que no les ha sido concedida.
Extremadura y Castilla-La Mancha: el tema sobre la mesa
En el caso de Castilla-La Mancha, el intento para elaborar una ley regional de memoria histórica todavía no ha llegado al Parlamento autonómico. Por el momento sólo ha trascendido que Podemos está estudiando, con las asociaciones ciudadanas Gavilla Verde y Ciudadanos por la República, la elaboración de una normativa en esta línea porque, en opinión de la responsable del área de cultura de la formación morada, Ana Navarrete, la ley de ámbito estatal aprobada en 2007 se ha quedado "coja" y es necesario impulsar otras actuaciones "de justicia para las víctimas del franquismo".
Por ello, en rueda de prensa junto a portavoces de ambas asociaciones, recalcó la necesidad de que el resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha se sumen a una iniciativa que busca, según recogió Podemos en un comunicado, "la retirada de la simbología franquista; establezca una dotación presupuestaria para las políticas públicas dedicadas a la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura; prohíba la simbología contraria a la memoria democrática o fomente la creación de comisiones de la verdad con expertos independientes que investiguen violaciones de derechos humanos".
Máximo Molina, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca, se muestra cauto a la hora de hablar sobre el tema. "Si lo que vamos a tener es una ley de memoria histórica que va a estar totalmente vigente y está totalmente vacía, una norma que incluso la gente públicamente proclama que se la saltan y no pasa nada, no veo el sentido", lamenta, poniendo como ejemplo la actual Ley 52/2007. Aunque recuerda que Castilla-La Mancha ha tenido durante muchos años un Gobierno socialista que ha intentado "mantenerse al margen", se muestra convencido de que el PSOE dará luz verde a la futura propuesta que eleve el partido morado a las Cortes: "Está gobernando ahora mismo porque hay un miembro de Podemos en el Parlamento", señala.
Extremadura, por su parte, también se está moviendo en la misma dirección. El pasado mes de diciembre la Asamblea autonómica aprobó, con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, una iniciativa parlamentaria para instar al Ejecutivo regional a que elabore una normativa extremeña de memoria histórica similar a la que ya han impulsado otras comunidades autónomas –Navarra y Andalucía–. El diputado socialista en la Cámara Fernando Ayala consideró, durante la sesión, que es necesario que la comunidad se dote de esta norma y que se pueda incorporar al currículum educativo el "valor democrático", al tiempo que afirmó que en este ámbito "no hay que confundir perdón con olvido".
Sin embargo, aunque C's apoyase finalmente la iniciativa, que también exige al Gobierno central que cumpla la Ley 52/2007, aseguró que no es necesario un texto de estas características a nivel regional. El PP, por su parte, explicó su abstención en la sesión asegurando que su partido teme que de esta forma se intenten buscar "más nichos (de empleo) para la gente amiga". Por el momento, el Ejecutivo autonómico, que el PSOE arrebató al PP gracias al apoyo de Podemos tras las elecciones del 24-M, no se ha pronunciado al respecto.
Asturias y Cantabria: sin novedades por el momento
En el caso de Asturias, ningún partido ha hecho todavía pública su intención de elevar a la Junta General del Principado un texto de estas características. Sin embargo, desde las asociaciones memorialistas se está trabajando en esta línea a petición de IU, tal y como confirma a infoLibre Juan Cigarría, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). En su opinión, la nueva normativa tendría que "superar ampliamente" la ley estatal, que considera "aberrante porque no reconoce a las víctimas del franquismo directamente y además reconoce como legal las sentencias represivas del franquismo".
Por ello, pide una normativa que recoja "la elaboración oficial de listado de víctimas del franquismo desde las consejerías de Justicia, el reconocimiento explícito de la condición de víctimas del franquismo a nivel local, la confección de un catálogo de fosas...". Aunque asegura que en Asturias el PSOE siempre ha mantenido "una actitud completamente pasiva" en relación con la memoria histórica, cree que la actual distribución del Parlamento autonómico, donde el Ejecutivo socialista se mantiene gracias al apoyo de IU, podría facilitar la aprobación de la norma.
Desde Cantabria, el PSOE también tiene en su agenda la elaboración de una ley en esta línea. "Es necesaria en mi opinión y una de las ideas que defendemos es la de proponer que se ponga en marcha una Ley de Memoria Histórica de Cantabria", apunta ainfoLibre en conversación telefónica Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica de los socialistas cántabros. Aunque afirma que todavía no se tiene ningún borrador, explica que ya se han celebrado reuniones con todas las asociaciones memorialistas de la comunidad autónoma. "No tenemos una fecha prevista, pero se hará en esta legislatura", asevera. El nuevo Ejecutivo autonómico surgido de las urnas, formado por el PRC y PSOE, puede poner fin al "abandono por la administración" al que ha estado sometida la memoria en la última legislatura.
Navarra: pionera en la materia
El caso de Navarra es diferente. Aunque las elecciones autonómicas del pasado 24-M pusieran fin a casi dos décadas de gobierno de UPN gracias al acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, lo cierto es que la comunidad autónoma ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, la comunidad autónoma se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica.
"Yo estoy muy contenta", señala a infoLibre Olga Acelga, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Aunque afirma que "se han ido cumpliendo cosas", apunta que "como siempre, hay problema con las fosas": "Van desapareciendo los testimonios, los asesinos y no hay dinero", completa en conversación telefónica. En este sentido, se felicita de que el actual Ejecutivo navarro sí que haya sacado una partida presupuestaria y que tenga "muy buena disposición" en materia de memoria histórica. "Hay muchas cosas por hacer, pero las sensaciones son muy buenas. Aunque siento que todavía hay mucho por hacer", concluye.
Actualizada 03/04/2016 a las 18:51
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