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Susana Sumelzo Jordán - Diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados
El pasado domingo, un numeroso grupo de vecinos de la provincia de Zaragoza nos reunimos, como cada 1 de noviembre desde hace siete años, en el cementerio de Ejea de los Caballeros. Recordamos al millar de personas que fueron fusiladas en mi comarca natal por el simple hecho de defender unas ideas democráticas.
Fue un acto emotivo. Sin revanchismo, sin odio, pero sí un justo acto de reparación en un país en el que siguen todavía demasiados enterrados en las cunetas y demasiados hijos y nietos queriendo saber dónde recordar a sus seres queridos a los que el fanatismo les arrebató la vida de forma cruel.
Este homenaje de absoluta normalidad democrática sigue siendo un tabú para la derecha de este país, que se escuda en absurdas excusas para negar el derecho de muchas personas a recordar a las víctimas, dignificarlas, recuperar su memoria y reparar el daño moral –porque el físico es imposible—que se les hizo. Sigo sin entender que en el siglo XXI se sigan haciendo homenajes y manteniendo medallas de honor a quienes dieron un golpe de estado y promovieron el terror y que las mismas personas que apoyan estos actos anómalos se nieguen a reparar la memoria de quienes fueron asesinados.
El último y obsceno acto de este tipo ha sucedido en Calatayud, donde los votos de tres grupos han impedido que se le retire la medalla de oro a Francisco Franco. Los votos del PP (salvo el de un edil que sí entiende lo que es la correcta salud democrática), el PAR y la abstención de Ciudadanos impidieron que prosperara esa propuesta del PSOE. Inaudita ha sido la respuesta de un partido que presume de pretender regenerar la democracia y cuyo argumento para oponerse es inaudito. Me refiero a Ciudadanos y, según su líder, Albert Rivera, su abstención se justifica porque “no quiere abrir debates sobre memoria histórica”.
Curioso cuando menos que quien no tiene ningún complejo en abrir debates sobre copagos, la eliminación de la sanidad universal o contratos laborales que dañan directamente al trabajador, tenga pudor cuando se trata de reparar el agravio hacia muchas personas que tan solo quieren reconocer que en este país hubo un antecedente democrático sesgado brutalmente por un régimen fascista y muchas personas pagaron con su vida por defender los derechos y las libertades. Este debate, en otros países donde hubo golpes de estado y represión, no existiría. Porque en ellos lo tienen bien claro: Argentina, Francia, Alemania… Y me gustaría que, por obvio, ni siquiera fuera necesario escribir este artículo.
Por eso celebro que en ese mismo acto, el presidente del Gobierno de Aragón anunciara que la memoria democrática será objeto de estudio y diálogo en las aulas de la Comunidad el próximo año. Un síntoma de normalidad democrática que, espero, sirva también para asumir sin vergüenza y desde la Justicia un triste episodio de nuestra Historia reciente.
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