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ANDALUCÍA, LA PRIMERA
Doce asociaciones presentan ante los parlamentos de Andalucía, País Vasco, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña un manifiesto que pide más implicación a jueces, fiscales y políticos
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Seis parlamentos autonómicos tramitan actualmente la aprobación de un manifiesto presentado por una docena de asociaciones que reclaman justicia para los casos de los niños robados. Andalucía, País Vasco, Comunidad Valencia, Murcia, Cataluña y Madrid estudian un escrito que ha promovido la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles(Avidna) y que pide, entre otras cosas, que el Ministerio del Interior cree una unidad policial dedicada a investigar casos de compraventa de niños, tanto durante el franquismo como en la democracia.
"Debe ser una unidad con libertad e independencia para investigar, porque actualmente el problema es que los resultados de los policías no salen a la luz, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad que llegan hasta los años 90", explica al presidenta de Avidna, Ana Cueto, quien sentencia que por aquella época "se robaban niños y lo amparaban todas las instituciones". La representante de la asociación impulsora cree que ahora mismo hay un pacto tácito entre Gobierno, judicatura y fiscalía para que estas investigaciones no salgan adelante, porque supondrían "un perjuicio enorme para el país y conllevarían indemnizaciones brutales".
El manifiesto presentado por la docena de agrupaciones también hace un llamamiento “urgente” al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que emprendan “una investigación efectiva y real de todos los casos”, que lleve a la apertura de los archivos eclesiásticos, de los del Tribunal Tutelar de Menores y de las clínicas donde supuestamente tuvieron lugar las desapariciones.
Las asociaciones pretenden que España siga el modelo que creó Argentina en los años ochenta y active una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad -que impulse las investigaciones- y una Base de Datos Genéticospública que almacene todas las pruebas de ADN que se realicen, que a juicio de estas agrupaciones deberían volver a hacerse de nuevo.
Los manifiestos argumentan que hasta la fecha los tribunales españoles no han resuelto “ni un solo caso de bebés robados”, cuando solo en Andalucía, señalan, ha habido “más desapariciones infantiles que en toda Argentina”. Pero no se quedan únicamente en los bebés robados, ya que los escritos que ahora deben debatir las cámaras regionales hablan de “tramas organizadas” que buscan rédito económico mediante la venta de bebés.
Las asociaciones recuerdan los convenios de derechos humanos suscritos por España para perseguir las desapariciones de personas y proponen declarar el 30 de agosto como Día en Memoria de los Bebés Robados, la misma fecha en la que se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzosa.
Por el momento, el manifiesto presentado en Andalucía es el que tiene más probabilidades de ser aprobado en primer lugar. No en vano, tanto PSOE como Podemos han mostrado ya su apoyo a los responsables de las asociaciones impulsoras, que no descartan contar con el respaldo de más fuerzas políticas hasta que el texto sea debatido por la Cámara.
Los impulsores de esta iniciativa también han elevado un manifiesto similar alParlamento Europeo, que también está valorando su aprobación. En la Eurocámara, de hecho, las asociaciones ya cuentan con el visto bueno del Partido Socialista Europeo, lo que consideran de enorme importancia para que salga adelante la propuesta.
Por el momento son una docena las asociaciones las que han participado en la iniciativa, aunque en los próximos días podrían sumarse más colectivos. Los impulsores, de hecho, están esperando a que se materialicen estos nuevos apoyos para presentar un manifiesto similar ante el Senado.
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