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EFE 14/10/2015
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El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas de reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y que amplía su horizonte temporal desde la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982.
La ampliación del ámbito temporal hasta 1982 permitirá, entre otras cosas, incluir entre las víctimas a Manuel José García Caparrós, que murió por un disparo de la policía en la manifestación de 1977 en Málaga para reclamar la autonomía plena.
Aunque el proyecto se mantiene prácticamente sin variaciones respecto al remitido al Parlamento en la anterior legislatura y que decayó por el anticipo de las elecciones, se incluye además como novedad la ampliación de consideración de víctima a colectivos como los familiares de los represaliados (fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados), los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. El régimen sancionador de la norma fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización.
El proyecto de ley, impulsado por IU en la anterior legislatura cuando gobernaba en coalición con el PSOE, incluye el estudio de los contenidos relacionados con la memoria democrática en los planes de enseñanza, aunque no como una asignatura. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información "rigurosa" sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil.
La norma, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, según destacó en conferencia de prensa la consejera de Cultura, Rosa Aguilar. Tras recordar que en Andalucía se lleva trabajando en este ámbito desde hace muchos años, pues un primer decreto de 2001 ya fijó indemnizaciones a expresos políticos, manifestó su voluntad "firme y decidida" de que sea una ley "de todos y para todos", subrayó Aguilar.
RETIRADA DE SIMBOLOS En relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo, al tiempo que se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente. La ley reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática.
De acuerdo con los ayuntamientos, se prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de homenaje a las víctimas. Los artículos dedicados a las fosas comunes establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación.
Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores, al tiempo que la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de ADN.
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