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"Si recurrimos ahora es porque tenemos expectativas", apunta el presidente de la asociación -El proceso podría dilatarse más de un año
A. M. 11.06.2015 | 02:05
La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 formalizó el 5 de junio su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que el pasado mes de febrero revocaba la orden de derribo que pesaba sobre el conjunto de piedra. "Nuestras convicciones no cambiaron. Mantuvimos desde el primer día que se trata de un símbolo franquista pero dudamos si continuar o no hasta agotar la vía judicial porque ya no nos quedaban recursos", explica el presidente del colectivo, Telmo Comesaña, que agradece "las llamadas de apoyo y correos que alentaron este recurso".
La asociación realizó una colecta en los últimos meses para reunir los 3.000 euros necesarios para reactivar la causa en el Constitucional y tanto Comesaña como el abogado que les lleva la causa, Guillermo Presa, coinciden en que se recurre porque "vemos posibilidades reales de que se atiendan nuestros argumentos". Son conscientes de que se trata de un recurso "difícil" y el letrado explica que lo han fundamentado "en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa".
El recurso debe ahora superar el primer filtro de admisión, que podría retrasarse hasta septiembre, y luego el proceso podría dilatarse durante año o año y medio. Ahora mismo el abogado explica que resulta imposible hacer un cálculo aproximado. "Son cábalas, depende del tipo de proceso y de la carga de trabajo de la sala", explicaba ayer por la tarde.
Su cautela se ve compensada por las "buenas expectativas" del presidente de la Asociación Viguesa pola Memoria do 36, rostro más visible de una lucha contra el Concello que se prolonga durante más de tres años. Tras ser rechazadas sus peticiones de retirar la cruz en cumplimiento de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, recurrieron a los tribunales y lograron que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Vigo les diera la razón en 2004 y ordenara al Concello el derribo del monumento, si bien pocos meses después la decisión fue enmendada por el TSXG.
Este segundo dictamen asumió la argumentación municipal, que aludía al acuerdo de la primera corporación democrática de retirarle cualquier significado vinculado al régimen. El recurso del gobierno local apuntaba a una cruz "latina, religiosa y aceptada socialmente".
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