dimarts, 25 de novembre del 2014

Construyendo el relato, derribando la impunidad



Posted: 11 Nov 2014 12:02 PM PST
La transición española no fue, tal y como la quieren vender, ni modélica ni pacífica. El régimen franquista siguió reprimiendo y asesinando en ese periodo como en la dictadura. El hecho más relevante de esa represión se dio en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 cuando la Policía mató a 5 trabajadores y causó más de un centenar de heridos, además de los dos jóvenes asesinados días después en Tarragona y Basauri en actos solidarios.
Han pasado 38 años y seguimos luchando para que el Estado español reconozca y asuma su responsabilidad, haga justicia y  repare las consecuencias. No podemos admitir las versiones que justifican la actuación y amparan a sus responsables y tampoco que estos sigan gozando de total impunidad. En algún sentido vamos logrando desmontar la versión oficial y que se admita aquella lucha como justa y dirigida a recuperar derechos y libertades, pero también hay que decir que el Gobierno español del PP se empeña en dar crédito a los informes policiales para negar aquella actuación como terrorista y con ello no reconocernos como víctimas del terrorismo.  Ejemplo claro es el argumento dado por el Ministerio del Interior en Trámite de Audiencia hace escasos días para desestimar la solicitud a la ley integral de víctimas de una madre por la muerte de su hijo cuando expresa: «el fallecimiento se produjo como consecuencia del enfrentamiento ocurrido en Vitoria el día  3 de marzo de 1976 entre los participantes de una concentración prohibida que tenía su origen en un conflicto laboral y miembros de la Policía». Para decir a continuación «en el presente caso, en cuanto a acreditar la naturaleza de acto terrorista del hecho que provocó las lesiones sufridas no existe sentencia definitiva alguna que así lo declare, ni de la jurisdicción militar ni de la ordinaria… los hechos examinados no tenían por objeto directamente la alteración de la paz pública  sino reponerla…».
Esta visión de los hechos dada  a día de hoy es inadmisible y en absoluto se ajusta a la realidad. En cuanto a no haber sentencia sobre los hechos tampoco es del todo cierto, pues en los sumarios  se recoge que «los hechos son en principio constitutivos de un delito de homicidio…, pero se procederá al sobreseimiento por no haber motivos suficientes para acusar del delito a determinada persona». Fue la primera gran burla de la justicia que ha continuado al impedir que estos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el franquismo puedan ser juzgados en España y con ello perpetuar la impunidad de sus responsables. Un modelo español de impunidad sustentado en la ley de Amnistía de 1977, que viene aplicándose como una ley de punto final.
Ha sido en Argentina donde se ha abierto un proceso contra el franquismo y sus crímenes,   que pese a las trabas sigue avanzando de manera muy positiva con noticias como la del pasado viernes en el que se conoció el Auto de la jueza Mª Servini dictando orden de detención internacional para tomar declaración indagatoria a 20 exministros, jueces y funcionarios del franquismo. Martín Villa, Utrera Molina, Alfonso Osorio y compañía tienen que comparecer en Buenos Aires para declarar ante Servini por su responsabilidad en los actos criminales que se les imputan. Martín Villa y Alfonso Osorio como parte del Gobierno en marzo de 1976, y Jesús Quintana como capitán al mando de la Policía, que ejecutó las órdenes y masacró a los trabajadores reunidos en la iglesia de San Francisco, ven cómo se les acaba la impunidad de la que gozaban. La exigencia constante de verdad, justicia y reparación mantenida a lo largo de estos años empieza a dar sus frutos y el es- fuerzo desarrollado ha merecido la pena.
Es más que probable que el Gobierno de Mariano Rajoy, al igual que hizo con las órdenes de extradición de los torturadores Muñecas y Billy el Niño, no acceda al requerimiento ordenado por la jueza, pero ello evidenciará, una vez más la nula voluntad de su partido, el PP, de desligarse del franquismo. Un partido fundado por Fraga Iribarne, pilar de ese régimen que ocupó relevantes puestos en la dictadura, y era  ministro de Gobernación y máximo responsable de la matanza de Gasteiz. Todo un azote de los derechos humanos y la libertad. También quedará claro que España es el único lugar en el que se da cobijo a los criminales franquistas y en el que no se respeta la legislación internacional de amparo a las víctimas de vulneración de derechos humanos, a pesar de que la ONU y otras instancias así se lo están requiriendo.
La orden de detención dictada por la jueza Servini es un hito en la lucha por la justicia, pero al igual que Argentina logró juzgar en su propio país los crímenes de la dictadura de Videla gracias a la presión social, tenemos que conseguir que España juzgue los de la dictadura de Franco, eso sí, con las debidas  garantías internacionales, pues los tribunales españoles por sí solos no nos merecen la suficiente confianza.
Es necesario un posicionamiento claro y rotundo de toda  la clase política y aislar al PP en su amparo a la impunidad. No nos cabe duda de que también la sociedad de Euskal Herria, tal como lo viene haciendo, sabrá realizar un último y generoso esfuerzo para acompañarnos en el derribo total del muro de impunidad levantado para proteger a los criminales franquistas.