dimarts, 6 de maig del 2014

Memoria/Alegaciones… (Francisco Pimentel)


http://www.lavozderonda.es/2014/05/05/opinion/memoriaalegaciones-francisco-pimentel/


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En Asamblea General de la Asociación Memoria Histórica de Ronda del 29 de Marzo en el Salón Mudéjar del Palacio de Mondragón se trató entre otros asuntos el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/boja/2014/61/BOJA14-061-00001-5328-01_00044978.pdf). Por acuerdo unánime se aceptó presentar las alegaciones que se leyeron y debatieron, delegando en la Junta Directiva su redacción definitiva y presentación en plazo. Cumpliendo con este mandato se presentó en el Registro el escrito siguiente:
Creemos que la intención de hacer una Ley de Memoria de Andalucía ha sido muy buena y es necesaria. Creemos que de esta forma se podrían paliar las deficiencias de la primera Ley de Memoria Histórica promovida por José Luis Rodríguez Zapatero, que con todos sus defectos ha hecho posible que miles de víctimas y familiares encontraran un estrecho cauce por donde llegar a donde estamos. Por lo que una Ley de la Memoria de Andalucía nos debería ensanchar ese cauce tanto como las circunstancias nos lo permitan para lograr totalmente el fin primordial: Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas andaluzas del fascismo.
La nueva Dirección General cambia el término Memoria Histórica por el de Memoria Democrática. Cambio retórico que no parece que haya aportado nada positivo sino más bien confusión. Por lo que parece más acertado mantener Memoria Histórica que es un término que identifica, no solamente en España, sino en el mundo entero, la labor de recuperación y difusión de aspectos sociales que fueron ocultados o tergivesados por fuerzas negativas de la humanidad. A algunos le da la impresión que cambiar histórica por democrática es un intento nihilista para negar lo hecho o legislado hasta ahora por otros. Sin embargo es un vano y desorientador intento porque en el mismo texto del proyecto de ley se repiten, se cuelan, palabras y conceptos como: investigación histórica, período histórico, legado histórico, nuestra historia, memoria histórica democrática, historia de la lucha, patrimonio histórico, carácter histórico o recuperación de la memoria sin definir. Todo lo dicho es aplicable tanto a la Ley de Memoria en general, como a los conceptos de Lugar de Memoria y Registro de Asociaciones.
La desconfianza e intento de marginación que sobre el movimiento memorialista se trasluce en el texto es su elemento más negativo. Su excesivo articulado, su reglamentismo, oscurantismo y opacidad en las resoluciones administrativas que se atribuye son debidas a un ejercicio viejo de la acción política, al pretender marginar, controlar y desconfiar del movimiento memorialista. Se olvida que ha sido gracias a sus acciones desde hace más de una década lo que ha determinado que estemos en la situación actual. En Ronda hemos tenido un ejemplo en vivo y en directo del intento de marginación de nuestra asociación: Después de haber realizado, el verano pasado, la prospección y documentación de las fosas comunes que hay en el cementerio, solicitamos la subvención para las exhumaciones, pero la dirección general de la memoria democrática nos la deniega por falta de dinero. Al poco tiempo, a primeros de Diciembre, la misma dirección general se pone en contacto directamente con la alcaldía (en manos del P.P.) sin contar con nosotros para nada, y le proponen hacer directamente las exhumaciones en un corto plazo, explicando que sí disponían de dinero para hacerlo.
Otro asunto sería que el control sobre las asociaciones que se reclaman de la Memoria Histórica sea exhaustivo, sobre todo cuando se trata de exhumaciones y quede claro que son asociaciones de familiares de las víctimas que se pretenden exhumar. Por lo que deberían clasificarse las asociaciones de Memoria Histórica en función de sus objetivos y que cada una tuviera unas condiciones de asociación según los mismos…
(Por suerte y por el cambio de los tiempos ahora tenemos la ONU de parte de los pueblos de España y el plazo de un año dado al gobierno para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo ya empezó el día 15 del pasado mes de Noviembre. Hoy quedan 196 días).