QUERELLA CONTRA MINISTROS DE FRANCO
Víctimas del franquismo viven un "momento histórico" al declarar por primera vez ante un tribunal tras ver "cerradas las puertas" en España
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La hermana de Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el garrote vil durante la dictadura franquista, Merçona, ha acudido a declarar ante la juez argentina que investiga la querella de las víctimas contra ministros de Franco, para pedir que el crimen no permanezca "impune" y que "paguen" sus responsables. Ha denunciado que el Gobierno "no ha resarcido su memoria y ha pasado página".
Merçona Puig Antich ha sido uno de los tres testigos que han sido citados este miércoles por la juez María Servini para declarar por videoconferencia en el Consulado argentino en Madrid, donde han ratificado y completado las querellas que presentaron contra dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.
"Este momento es histórico porque van a declarar ante la jueza y por primera vez ante un tribunal de justicia", ha puesto de manifiesto la abogada Ana Messuti. La letrada ha expuesto que las víctimas han acudido a la Justicia argentina porque "han visto cerradas las puertas de la Justicia española" y porque allí hay "conciencia del principio de jurisdicción universal".
Antes de prestar declaración, Marçona ha confesado ante los medios de comunicación sentirse "desamparada" por la Justicia española y ha confiado en que esta puerta abierta en Argentina sea "la definitiva". "Llevamos intentándolo por todos los caminos posibles y siempre ha habido negativas y negativas", ha añadido.
La hermana de Salvador, ejecutado en la cárcel Modelo de Barcelona en 1974, pide que se reconozca que el proceso y el juicio al que fue sometido fue "rocambolesco, una venganza y no quede impune". Ha alegado que no se revisaron pruebas ni se motivó por qué fue juzgado por un tribunal militar.
"El Gobierno no ha resarcido su memoria, ha pasado página tapándolo todo, somos cientos de querellantes", ha dicho Merçona, para afirmar que se siente una "víctima de segunda" al haber quedado olvidadas "muchas injusticias".
"EL RÉGIMEN FRANQUISTA AMPARÓ EL ROBO DE BEBÉS"
Soledad Luque, quien sufrió el "robo" de su hermano gemelo y ha sido citada para el próximo 15 de mayo, ha denunciado que "la impunidad del régimen franquista amparó todo este robo de niños" y ha recalcado que su objetivo es saber "dónde están los niños y que sus causantes sean imputados y juzgados".
Luque, presidenta de la 'Asociación Todos los niños robados son mis niños', ha indicado que estudian pedir la imputación de religiosos y personal de clínicas que intervinieron en las sustracciones de bebés. "Se siguió actuando de la misma forma por parte de personas relacionadas con el poder y el Estado", ha agregado.
Pedro Fausto, cuyo padre fue asesinado a los 29 años de edad, y Pablo Mayoral, procesado por un juzgado Militar en una causa en la que se enfrentó a una condena de pena de muerte y pasó dos años en las cárceles franquistas, también han acudido a ratificar sus querellas.
"Es el último resquicio que tenemos para denunciar una dictadura criminal y que a sus responsables se les encause, enjuicie y la Justicia haga lo que tiene que hacer que es investigar", ha afirmado Mayoral.
MÁS CITACIONES
Este jueves declararán Hilda Farfante, hija de maestros desaparecidos en 1936; María Remedios Palomo, nieta de un alcalde republicano ejecutado ese mismo año; y Andoni Txasko, quien perdió el ojo derecho tras ser apaleado por la Policía.
El 15 de mayo declarará Soledad Luque, que sufrió el "robo" de su hermano gemelo; José Luis Gutiérrez, quien denuncia haber sido sometido a "trabajo esclavo" en el Canal de Bajo Guadalquivir, y Silvia Navarro, cuyo tío-abuelo fue víctima de la "tercera saca", secuestro domiciliario y asesinato de 16 civiles.
Han sido citados para el 16 de mayo Jesús Rodríguez, "detenido, torturado en la Dirección General de Seguridad y encarcelado en el Reformatorio de Menores de la Cárcel de Carabanchel"; Victoria Sánchez-Bravo, hermano de un fusilado en 1975; y Jon Etxabe, sacerdote juzgado en el "Proceso de Burgos" y condenado a 50 años.
Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute a Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y a los ministros José Utrera Molina --suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón-- y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.
La acción judicial también está dirigida contra los agentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pachecho, alias 'Billy el Niño', y José Ignacio Giralte González, contra el escolta Celso Galván Abascal y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por "consentir" torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.
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