dimecres, 12 de desembre del 2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Decisión Desprovisto de Justicia




Traducción Google:


http://ijcentral.org/blog/a_european_court_of_human_rights_decision_devoid_of_justice_the_dismissal_o/

por Mariana on 12 Dec 2012 | 0 Comentarios


Por Lydia Vicente Márquez y Mercedes Melón *
Cuando se menciona la desaparición forzada es probable que la Argentina, Chile o Chechenia sólo por mencionar algunos-vienen a la mente. Sin embargo, en el corazón de Europa, miles de familias españolas continúan desenterrando los caminos secundarios y campos en busca de sus familiares desaparecidos en fosas comunes repartidas por todo el país. Con por lo menos 114,266 personas desaparecidas identificadas desaparecieron durante la Guerra Civil española y la posterior régimen franquista, España es probablemente el país con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo. Sin embargo, el único estudio realizado en España en relación con los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco era la de prevaricato (prevaricación) contra el juez Garzón precisamente porque trató de impugnar la falta de rendición de cuentas por estos crímenes.
Doce casos relacionados con crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España. Las víctimas han buscado, entre otras demandas, la responsabilidad internacional de España que surge de la continua violación de su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva sobre las circunstancias de las desapariciones de sus familiares y las ejecuciones extrajudiciales, así como la falta de proporcionar un recurso efectivo. Hasta el momento, el TEDH ha declarado inadmisible cualquier caso relativo a la Guerra Civil y el franquismo, sino dos, cuya admisibilidad decisiones están aún pendientes. Todo podría ser que, como cuestión de hecho, la mayoría de los casos han sido "examinado" por el mismo juez (Sicilianos).
Rights International España (RIS), presentado el último de estos casos, el 9 de octubre de 2012, en nombre de Fausto Canales Bermejo sobre la desaparición forzada de su padre, Valerico Canales, el 20 de agosto de 1936. La demanda, apoyada por informes de expertos, explicó las circunstancias específicas de cada caso, así como de los españoles contexto socio-político derivado de la Guerra Civil y la posterior dictadura. Estas circunstancias son cruciales para entender las limitaciones sufridas por Fausto Canales para reclamar públicamente o privadamente su condición de víctima, y ​​mucho menos para ejercer sus derechos ante un tribunal de justicia. El suyo es un caso ilustrativo de la difícil situación que sufren miles de víctimas españolas de la Guerra Civil y el franquismo, obligados a vivir en el silencio y el miedo durante décadas. Ahora, ellos testigos de cómo su último recurso, el Tribunal de Derechos Humanos, los deja sin respuesta a sus reclamos de justicia.
Aproximadamente un mes después de la presentación de la queja - un período extraordinariamente corto para un examen verdaderamente serio y profundo de la solicitud y los anexos, entre ellos el experto opiniones-, el Tribunal de Derechos Humanos ha concluido que
"A la luz de todos los elementos en su posesión y que en la medida en que tiene la autoridad para decidir sobre las denuncias formuladas, el Tribunal ha considerado que la solicitud no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 25 de la Convención ( ver mutatis mutandis Gutiérrez Gutiérrez Dorado Dorado y v España). Esta decisión es definitiva y no puede ser apelada ante el tribunal, la Gran Sala o cualquier otro organismo ".
Vale la pena recordar que el artículo 45 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que "deberá ser motivada sentencias, así como las resoluciones que declaren las solicitudes admisibles o inadmisibles." Sin embargo, la Corte Europea no ha dado ninguna explicación o razonamiento jurídico alguno para el despido . Por lo tanto, parafraseando Supremo del Reino Unido, el presidente del Tribunal, Lord Neuberger, porque las decisiones sin razones ciertamente no son la justicia, la resolución de la Corte es apenas una decisión en absoluto. De hecho, es una respuesta lamentable viniendo de un tribunal de derechos humanos.
El TEDH ha utilizado una fórmula estándar casi idéntica a rechazar, por motivos de admisibilidad, la mayoría de los casos presentados en relación con los crímenes del régimen de Franco. La referencia mutatis mutandis, sin ninguna otra indicación, contenida en la resolución Canales Bermejo al Dorado Dorado Gutierrez Gutierrez y caso contra España apenas equivale al razonamiento jurídico.
El TEDH declaró la denuncia inadmisible Gutierrez Dorado, entre otras razones, por considerar que los demandantes no presentaron la "diligencia debida" para llevar su caso ante la Corte "sin dilaciones indebidas", por lo que la queja estaba "fuera de tiempo". Supongamos que este es el argumento que la Corte ha utilizado para desestimar el caso Canales Bermejo. Sin embargo, este último se diferencia de las reclamaciones previas presentadas por otras víctimas españolas ante la Corte. En consecuencia, el TEDH no ha tenido en cuenta el contexto y las circunstancias específicas de cada caso.
Una de las diferencias más relevantes entre ambos casos es que Canales Bermejo fue la primera denuncia presentada ante el TEDH después, y como resultado de la decisión del Tribunal Supremo español de fecha 27 de febrero de 2012. Esta decisión absuelto juez Garzón de prevaricación en el denominado "Memoria Histórica" ​​juicio. Por otra parte, a pesar de que no era la cuestión de la adjudicación, el fallo de la Corte Suprema cerró definitivamente cualquier posibilidad de llevar a cabo las investigaciones judiciales sobre las violaciónes graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo, negando así a las víctimas de las soluciones eficaces. Esta negación constituye una clara violación de las obligaciones de España en virtud de la Convención. Sin embargo, en lugar de abordar el caso desde la perspectiva del deber del Estado de investigar y eliminar todos los obstáculos que dificultan el acceso de las víctimas a la justicia, los lugares TEDH exclusivamente sobre la víctima la carga de actuar "sin demora" y "con la diligencia debida".
Fausto Canales Bermejo ha luchado durante muchos años tratando de averiguar la verdad sobre lo sucedido a su padre, desapareció cuando tenía sólo dos años de edad. Su incesante actividad, trayendo todo tipo de acciones y recurrir a todos los procedimientos y mecanismos disponibles, contrasta con la inactividad del Estado español con respecto a su obligación de investigar la desaparición forzada del padre de Fausto. Por otra parte, una serie de expertos de reconocido prestigio (antropólogos, psicólogos y juristas) se justifica, en los informes presentados al Tribunal de Derechos Humanos en apoyo de la solicitud Fausto Canales ", la" demora "de las víctimas españolas para traer" a tiempo "alegaciones a la Corte. En pocas palabras, las víctimas reclamar cuando no pueden y cuando quieren. En consecuencia, las víctimas no deberían estar obligados a actuar en un contexto de crisis institucional o temor generalizado o en que las condiciones legales no pueden garantizar un nivel mínimo de éxito de sus quejas. La acción o inacción de la víctima tiene que ser considerada en el más amplio contexto socio-político, así como en el contexto de la acción o inacción del Estado y de la comunidad internacional en general.
Teniendo en cuenta que la decisión del TEDH en Canales Bermejo no ofrece ningún razonamiento, no es sólo una decisión injusta para la víctima, sino también es una decisión carente de justicia. Se coloca a la víctima en una situación de desigualdad de armas vis-á-vis el Estado. Mientras que despedir a los esfuerzos de la víctima, el Tribunal no exige al Estado hasta un grado mínimo de debida diligencia en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. La inflexibilidad por parte de un tribunal de derechos humanos con respecto a las víctimas, mientras protegiendo las actitudes del Estado desacato es difícil de entender.
Desapariciones forzadas cantidad a una violación continuada de varios derechos fundamentales, que dura hasta el momento en que la suerte de la víctima o paradero se establecen. Hasta la fecha, este es el caso en Canales Bermejo y miles de desaparecidos enterrados en fosas comunes en toda España. La impunidad sistemática existente, que es tolerado y promovido por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de las familias de las víctimas. Lamentablemente, el TEDH ha condonado la impunidad con argumentos procesales en una decisión carente de justicia.
* Lydia Vicente Márquez, abogada de derechos humanos y directora ejecutiva de Rights International España. Mercedes Melón, abogado de derechos humanos, Asesor Legal de Derechos Internacional España