Madrid, 13 oct (EFE).- La investigación judicial en diligencias previas sobre el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, en la que está imputada la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como sor María, llega a su fin.
Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tiene que decidir si continúa el procedimiento abreviado en fase de juicio oral o archiva el caso, después de intentar localizar a cuatro testigos que no han sido encontrados, de los veintiséis que han sido citados a declarar en el proceso.
Ésta fue la primera denuncia que llegó a un juzgado de la causa de los "niños robados", sustraídos al nacer entre los años cuarenta y noventa a sus padres con la excusa de que habían muerto.
Carretero admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía de Madrid que vio indicios de delito en la actuación de la religiosa que trabajaba como asistente social en las clínicas Santa Cristina y San Ramón.
La denunciante, María Luisa Torres, dio a luz el 31 de marzo de 1982 a su hija en la Clínica Santa Cristina de Madrid, estaba separada de hecho de su marido, y acudió a sor María porque le habían dicho que ayudaba a madres con problemas.
Torres, que se reencontró con su hija Pilar hace un año después de confirmarse su relación biológica por unas pruebas de ADN, ratificó ante el juez el 3 de abril de este año que "sor María" le quitó a la niña "por adúltera", ya que el padre no era su marido.
Unos días después, el 12 de abril, la religiosa se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y abandonó los juzgados de Plaza de Castilla, escoltada por varios policías y guardias de seguridad y sin hacer declaraciones a los periodistas, en todoterreno con los cristales tintados e intentando escapar del numeroso grupo de fotógrafos y cámaras que esperaban a su salida.
En una carta abierta a la opinión pública, sor María aseguró que son completamente falsos los hechos que se le imputan y que le "repugna" la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre.
Al día siguiente, el 13 de abril, Alejandro Alcalde, el padre de la supuesta "niña robada", Pilar Alcalde, manifestó al juez que cuando sor María le entregó al bebé le dijo que su madre quería darla en adopción por "falta de medios" para mantenerla y que "nunca pagó" por la pequeña.
En los meses de septiembre y octubre, Carretero citó a declarar a veinticuatro testigos, en su mayoría médicos, además de requerir pruebas documentales, como las partidas de nacimiento y la escritura de adopción de la supuesta "niña robada" y la historia clínica de la madre biológica.
Entre los testigos, el director de la Clínica Santa Cristina en 1982, José Zamarriego, dijo que solamente vio a sor María en dos ocasiones en varias décadas y que tenía confianza en que quienes tramitaban las adopciones hicieran su trabajo de forma correcta.
Varios médicos confirmaron en sus declaraciones que la religiosa era la única responsable de las adopciones y que tenía un poder omnímodo para entrar y salir en la zona de los nidos y de las incubadoras, sin que nadie pudiera enmendarle la plana.
Sor María, que tiene 87 años, vive en un convento de las Hermanas de la Caridad en Madrid y sufre diversos problemas de salud, está imputada en este procedimiento por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.
Este proceso, que ha tenido una gran cobertura mediática, ha reunido a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, a un grupo de personas de la Asociación Sos Bebés Robados Madrid que han increpado a algunos testigos y les han acusado de la sustracción de sus hijos.
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