dissabte, 14 de març del 2009

PP Vice. 14/03/2009. Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana.

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¡Por favor, no disparen al pianista!

14 Mar 2009 ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN

En estos días hemos asistido a ataques directos a la actuación instructora de un juez. Ataques que no pueden ser tolerados desde el momento que afectan a su independencia, que es una característica sustancial de la función y el papel del juez en una sociedad democrática. Pero es que la independencia judicial también significa algo mas que trasciende al trabajo diario del juez: “La libertad política, la libertad general de un país, depende esencialmente de dos cosas: de que sean los contribuyentes quienes voten los impuestos, y de que tengan independencia quienes juzgan” (Faguet). La independencia que se adjudica de esta manera a cada titular de los órganos jurisdiccionales se traduce intelectualmente en la libertad de criterio y, parafraseando el verso de Quevedo, en la libertad de decir lo que se siente sin tener que sentir lo que se dice, decidiendo sin miedo a las consecuencias.

Y sin miedo a las consecuencias los jueces de este país instruyen en su juzgados las distintas causas de las que conocen, del mismo modo que instruye ahora el juez Garzón en su juzgado central –como lo hará el juez superior que por turno corresponda en relación a los aforados presentes– el llamado caso Gürtel, una trama de corrupción y chantaje que en las actuaciones aparece vinculada a instituciones y cargos públicos del Partido Popular. Pues bien, este juez, como cualquier otro juez de instrucción, piensa y actúa en soledad. Y, si llega el caso, se puede equivocar también solo, sin ayuda alguna en el ámbito de su intimidad, con la independencia que constitucionalmente profesa y, que con una imagen poética del juez Cooley, consiste también en el derecho a ser dejado solo. Porque, en efecto, la independencia, y no sólo la judicial, es un duro privilegio que sin duda exige a quien lo goza el valor de quedar solo consigo mismo, cara a cara con su conciencia.Por otra parte, el caso citado ha representado también un buen ejemplo de cuánto la independencia judicial tiene que cuidarse de presiones procedentes de focos muy distintos que transitan desde las fuerzas económicas y políticas con reflejo e influencia en determinados medios de comunicación, y sin olvidar hasta las agresiones más o menos sutiles que puedan proceder del interior del propio poder judicial. Los jueces tenemos que ser independientes y ser capaces de independizarnos de todos, salvo del pueblo al que servimos y de donde, no se olvide, emana la Justicia que administramos (artículo 117 de la Constitución); pues, como proclamó Jefferson hace más de 200 años, “la independencia de la voluntad de la nación es un solecismo, un error”.

Ahora bien, nada de todo lo dicho hasta aquí significa que la independencia lleve consigo una asepsia ideológica del juez. Los jueces tenemos una concepción del mundo, con ideas e ideología, convicciones y prejuicios que inexorablemente se traducen en nuestras decisiones y actuaciones, por lo que no se puede atacar a un juez por su ideología socialista, conservadora, liberal o la que fuere. El juez, como ciudadano, tiene naturalmente ideología –aunque muchos todavía no se han enterado– hasta el punto de que constituye lo que Frankfurter llamó la “tercera premisa” de la sentencia, seguida de la ley y del presupuesto de hecho cuya subsunción en ella determina el pronunciamiento judicial. Pero esta libertad de criterio en que consiste la independencia no significa que el juez pueda hacer de su capa un sayo. En nuestro sistema constitucional, el juez no puede implantar el Derecho libre, y ni siquiera la aplicación alternativa del Derecho. El juez está sujeto a la Ley como expresión de la voluntad popular que, al tiempo, es lo que explica la legitimidad democrática de los jueces. En efecto, la decisión fundamental sobre la oportunidad y los concretos contenidos de la Ley procede siempre del poder legislativo que expresa la voluntad general del pueblo. Los jueces, bajo el paraguas de su independencia, quedan siempre sujetos estricta y exclusivamente a la aplicación de la Ley, absolutamente circunscritos al ámbito del principio de legalidad que condiciona toda su actuación.

Quizá conviene recordar a todos -y muy singularmente a determinados dirigentes del Partido Popular– que el Tribunal Constitucional ha hablado de la independencia judicial en numerosas sentencias, tantas que, como muestra, basta este botón que resume su doctrina: “La independencia e imparcialidad de los Jueces y Magistrados constituye una nota esencial de los órganos jurisdiccionales que alcanza protección constitucional en el derecho al juez legal previsto en el art. 24. 2 CE”, pues, si todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley y la Constitución es la primera Ley, que han de cumplir todos los poderes públicos, es manifiesto que se infringe el juez legal cuando se vulnera el modelo de juez ordinario previsto en nuestra Constitución”.

A fin de cuentas, el primer guardián de la independencia ha de ser el propio juez, que debería encontrar cobijo y amparo en el Consejo General del Poder Judicial. Pero, mientras llega el príncipe azul que despierte de su letargo al órgano del gobierno judicial, quizá no sería desaconsejable que procediéramos a colgar de la puerta de entrada de nuestros juzgados de instrucción un cartel como el que figuraba en los salones del antiguo Oeste, para advertir a los forajidos que deambulan por los entresijos de nuestro sistema de partidos, lo siguiente: “Por favor no disparen al pianista… hace lo que puede”.

Alfonso Villagómez Cebrián es Magistrado
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¡Disuélvanse!, por Jesús Maraña

¡Disuélvanse! 13 Mar 2009

Madrid ya no es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las estadísticas que manejaba Dámaso Alonso en su poema de posguerra. La Comunidad de Madrid es hoy un cortijo de más de seis millones de súbditos, o al menos ese es el dibujo que aparentan tener de ella los gobernantes del PP. No cabe otra explicación al fabuloso escándalo que supone la disolución decretada, con publicidad y alevosía, de la comisión de investigación sobre el espionaje político. En total, los trabajos parlamentarios han durado ¡cuatro días!, en su mayor parte dedicados a hablar de la prehistoria y del toro que mató a Manolete. Esperanza Aguirre y sus mariachis no han permitido siquiera que en la Asamblea se escuchen los testimonios de sus propios compañeros espiados, es decir, de las víctimas. O sea, esto es como si un joyero es atracado y la Policía sólo interroga al presunto ladrón y a los tatarabuelos del anterior dueño de la joyería.
La cosa admite pocas bromas, porque lo que retrata en el fondo (y en la forma) es un desprecio absoluto a la ciudadanía y a los controles imprescindibles en un régimen democrático. Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.

Sin resquicios
La máxima prioridad de Aguirre era dar carpetazo a este asunto sin dejar resquicio a que los testimonios pusieran al descubierto esa más que probable relación, sin importarle lo más mínimo el escándalo subsiguiente. Tácticas como culpar al mensajero o a la oposición, o presentar querellas contra medios de comunicación no afines, creen en el Gobierno madrileño que son las pócimas adecuadas para adormecer al contribuyente y meter miedo al periodista. O al menos para sembrar la confusión. Sólo se trata de que el votante, cuando comenta el asunto en la cafetería, pronuncie esas terribles sentencias de “al fin y al cabo todos son iguales”, o “¡cualquiera se fía de los periódicos!”. ¡Ojo!, tanto políticos como periodistas (no todos) tenemos la culpa de que esas tonterías se instalen en el colectivo para desgracia de la higiene democrática.
En un par de días se redactarán las conclusiones de este simulacro de comisión de investigación. Se admiten apuestas: ¿Reabrirá Rajoy el expediente interno por muy alucinógeno que sea el dictamen de la mayoría absoluta del grupo parlamentario del PP madrileño? La respuesta es no. Bastante tiene con evitar las salpicaduras del caso Gürtel en su propio entorno.

En el territorio valenciano, Francisco Camps ha venido a emplear similares armas de defensa. Casualmente, Aguirre y Francisco Camps utilizaron los mismos versos atribuidos (sin pruebas) a Bertol Brecht al enfrentarse al estallido de sus respectivos escándalos: “Un día vinieron por mi vecino porque era comunista, como yo no era comunista no hice nada por él. Un día vinieron por mi otro vecino el judío, como yo no era…” O sea, las víctimas son ellos. A la vista de la falta de pudor con la que ambos han despreciado las funciones del Parlamento y de la prensa libre y la inteligencia de los ciudadanos, les podría resultar más útil lo que Brecht escribió en 1953, con motivo de algunos levantamientos populares en Berlín: “El pueblo ha perdido la confianza del gobierno. ¿No sería más sencillo, en estas circunstancias, que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”
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Nadie sabe nada en el PP

Juan Carlos Escudier

Más en El Confidencial

PP, espionaje, Correa, Jesús Sepúlveda, Francisco Camps
@Juan Carlos Escudier - 14/03/2009

Rajoy no sabe o no le consta y, por supuesto, no conoce. A Correa, el hombre que presuntamente ha dorado el riñón de un grupo numeroso de dirigentes del PP, apenas si lo vio una vez en Génova y quizás le diera una vez la mano, pero conocerle, lo que se dice conocerle, no le conocía. De sus andanzas, Rajoy no sabía nada, por lo que hay que suponer que estuvo muy inspirado el día que ordenó al partido que dejara de contratarle. A Rajoy nada le consta, como no le constaba a Ana Mato, la vicesecretaria de Organización, que Correa le comprara un Jaguar a su entonces marido, Jesús Sepúlveda, allá por 1999 cuando era secretario electoral de Aznar. Le han preguntado al estadista del bigote y no ha respondido, como si no le constara o no conociera. Nadie sabe nada en ese partido. Bendita inopia.

Lo del PP es una tragedia shakesperiana en la que se huele lo podrido de aquí a Dinamarca. Quienes ahora se nos muestran como malolientes cadáveres políticos o carne de banquillo personificaban a comienzos del aznarato la regeneración que iba a librar el país de la corrupción socialista. Se habían acabado los roldanes y las filesas. Llegaba una nueva hornada de políticos de los que podríamos sentirnos orgullosos. Serían tan buenos custodiando las arcas públicas como organizando bodas en El Escorial para la hija del jefe. Eran la honradez con gomina.

En el núcleo duro de los populares, por supuesto, nadie podía imaginar que habría quien utilizaría los contratos públicos para enriquecerse y mucho menos aún los que les nombraron para ocupar puestos de responsabilidad en sus Gobiernos o les abrieron las puertas de los municipios. ¿Cómo iba a constarle a Esperanza Aguirre los tejemanejes de su consejero López Viejo o los del rosario de alcaldes que han tenido que dimitir por culpa del socialista Garzón? Aguirre no sabía nada y si conocía a López Viejo, a Ginés López, González Panero, Tomás Martín, Martín Vasco, Bosch o al propio Sepúlveda era de pasada. Los socialistas deben ser responsables por acción o por omisión, pero eso no va con los populares. Lo explicaba esta semana la presidenta de Madrid a los diputados de la oposición: “No somos como ustedes”. Pues eso.

Aquí nadie sabía nada, sin que eso implique demérito alguno. Estaban a otras cosas, a las importantes, a las que, según su líder, preocupan a los ciudadanos. Detengámonos en Camps, por ejemplo. ¿Cómo iba a saber este hombre que Rajoy había dejado de trabajar con Correa? Y aunque lo supiera, ¿cómo no confundir al Correa original con otro cualquiera si muy posiblemente no conocía al primero ni de vista?

Ello explicaría la abundancia de contratos que le concedió la Administración valenciana, aunque sus procedimientos debían de ser distintos a los que utilizaba en Madrid. Es decir, mientras en Madrid presuntamente repartía comisiones a diestro y siniestro o regalaba coches, en Valencia se atenía escrupulosamente a las bases de los concursos. De no haber sido así, Camps, que es distraído pero sólo con las facturas de su fondo de armario, lo habría detectado y hubiera tomado medidas contra el conseguidor y los supuestos sobornados. Es por eso que en Valencia no ha dimitido nadie.

A nadie le constaba nada, y por esta razón el PP respondió a las imputaciones de Garzón obligando a dimitir a todos los encausados, como si se hiciera de nuevas. Bueno, a todos menos a Camps y a su adjunto Costa porque, como se nos ha dicho, lo suyo, o sea, lo de los trajes de regalo, no se sostenía. En conclusión, que lo de los otros se sostenía perfectamente pero el partido no sabía nada y se enteró por los autos o por la prensa.

Algo parecido ha ocurrido con el supuesto espionaje de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, nadie sabía nada porque para eso eran espías, aunque Esperanza se ha investigado a sí misma y ha concluido en un par de tardes que todo ha sido un montaje y que los partes de seguimiento eran albaranes del Carrefour. ¿Para qué iba a querer saber Aguirre lo que hacían sus rivales políticos en el PP si en ese partido todo el mundo vive feliz en su ignorancia?

Resumamos: Rajoy nunca ha sabido nada. Jamás le ha constado que Esperanza Aguirre, entre otros, estuviera esperando su fracaso electoral en Galicia para travestirse en Bruto y darle matarile; A Aguirre no le constaba que Rajoy fuera un flojo, pero se lo barruntaba ella y todo el partido; ninguno de los bandos del PP conocía que hubiera otros bandos parecidos a los suyos porque los espías, de haberlos habido, eran familiares de Mortadelo; Gallardón no sabe quién es Mortadelo; Ana Mato desconoce la diferencia entre un Jaguar y un BMW; Pizarro no sabe dónde se ha metido; a Aznar no le consta el cambio climático; y de Rato últimamente no sabemos nada. Esto es una tragedia en la que nos vamos a morir todos de risa.

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Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana

El directivo disfrutó el vehículo unos meses y lo devolvió cuando Garzón puso en marcha la operación Gürtel

Levante-EMV, Valencia

La trama de presunta corrupción en la obtención de contratos públicos dirigida por Francisco Correa también tuvo detalles con algún político valenciano y directivo de empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La franquicia valenciana de ese conglomerado de empresas, Orange Market, regaló un coche utilitario de alta gama al máximo responsable de una sociedad pública de la Generalitat Valenciana. El directivo en cuestión disfrutó del vehículo unos meses hasta que, al saltar el escándalo, decidió por precaución devolver el automóvil , con el que ha podido ser vista su mujer. Hasta que el viernes 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón aceleró la ejecución de la operación Gürtel ante el riesgo de fuga al extranjero de Correa, el cabecilla de la trama, alertado por algunas filtraciones sobre la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).

Día de registros
Ese mismo día, la policía judicial entró en las dos oficinas de Orange Market en Valencia y en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), de donde se llevó toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. Setenta y dos horas después, ese lunes, Álvaro Pérez fue llamado a declarar ante el juez Garzón. Orange Market había ocupado ya todos los titulares del fin de semana y el directivo en cuestión no tardó en tomar la decisión de devolver lo que no le había costado un euro. La trama de Correa ha comprado habitualmente coches en Madrid, donde también habría sido adquirido el que acabó en manos del responsable de la firma pública autonómica. La práctica de regalos caros como coches o televisores de plasma era moneda corriente en la forma de operar de la trama para conseguir contratos amañados mediante sobornos a políticos y funcionarios. Lo dice el propio juez Garzón en el auto en el que imputa al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y acusa al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, de aceptar ropa pagada por la firma de Álvaro Pérez, contratista del partido y de la Generalitat, y por otras dos sociedades de Correa.

En el auto también se señalaba que Álvaro Pérez intermedió por Costa. Como "ejemplo" habla de "cuando se encarga de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles". Costa declaró con posterioridad que no necesitó intermediario para vender su vehículo porque se lo compró directamente su dentista, del que no quiso revelar su identidad.

El propio Francisco Correa regaló al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, un Jaguar valorado en 52.190 euros en el año 1999, cuando Sepúlveda era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del partido, entonces dirigido por José María Aznar. Según contó el diario El Mundo, el jefe de la trama pagó el 17 de diciembre de 1999 un total de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario. Ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio, quien necesitó de 22 horas para negar que fuera una dádiva y que pagó el Jaguar a Correa con un BMW usado.

Por aquel entonces, el dirigente popular estaba casado en aquellos tiempos con la diputada y también miembro de la ejecutiva nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del que era presidente del Gobierno, José María Aznar.

El ex alcalde de OrihuelaLa relación de la política con los coches presuntamente regalados tiene antecedentes no muy lejanos en el tiempo ni en el espacio. El ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, fue acusado por el fiscal de disfrutar de dos coches a nombre de empresarios de la construcción. Un Audi A-8, propiedad de Automoción Oleza, concesionaria del promotor Francisco Marcos, y un Bentley, valorado en más de 200.000 euros, del constructor Joaquín Grau, dueño de la sociedad Villas y Bungalows El Cid S. A, mercantil que tenía a su nombre el chalé de medina. El ex alcalde oriolano salió recientemente absuelto de la acusación de cometer varios delitos urbanísticos. En el procedimiento aportó, según la sentencia, facturas de haber pagado el Audi A-8.
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Gabriela Bravo dice que la ausencia del juez no impide la salida de las diligencias a los TSJ
Garzón interroga otra vez al sastre de Camps
De Rosa evita coincidir con De la Rúa en el TSJ
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Garzón remite a Valencia y Madrid los casos contra Camps y López Viejo

El envío se retrasó una semana por problemas con el servicio de reprografía

JOSÉ YOLDI - Madrid - 14/03/2009

El juez Baltasar Garzón remitió ayer a los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.

El envío de las copias testimoniadas de la causa y de la exposición razonada para los tribunales superiores se produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes.

Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva maniobra irregular".

Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario -más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío hasta pasadas las dos de la tarde de ayer.

No obstante, y a pesar de haberse inhibido respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo miércoles.

Mientras tanto, la instrucción ha seguido adelante y el juez volvió a tomar declaración ayer a José Tomás, el sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes.

La declaración de Tomás es, junto a la de la imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los aforados valencianos.

En la documentación aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps, según el auto del juez.

Existen otros trajes comprados en la tienda Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange Market ascendería a 8.083 euros.

Las facturas se camuflaban con conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos realizados.
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Correa invitó al Masters de tenis a Ana Aznar y Alejandro Agag
EL PAÍS
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El PP sigue confiando en las conclusiones de la Asamblea

PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 14/03/2009

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó ayer de nuevo dar el más mínimo paso a favor o en contra de reactivar el expediente interno que ella misma dirige para aclarar el espionaje a cargos de su partido desde dentro de la Comunidad de Madrid. Cospedal, que prometió llegar hasta el final caiga quien caiga, fía ahora esa investigación a lo que diga el PP de Madrid, que no tiene ningún interés en que se conozca siquiera la versión de los espiados.

Espionaje político en la Comunidad de Madrid

En definitiva, en el PP hay dos versiones públicas que son difíciles de combinar. Por un lado, el PP nacional dio desde el principio total credibilidad al espionaje de sus cargos y ordenó un expediente interno que sólo detuvo cuando el PP de Madrid aceptó abrir una comisión de investigación. Ahora, se ha cerrado por imposición del PP de Aguirre precisamente con la tesis contraria: que el espionaje es falso, nunca existió, y que los espiados (del PP) mienten.
Sin embargo, desde el PP nacional en ningún momento se han echado atrás en su convencimiento de la autenticidad de los documentos que prueban el espionaje.

Miembros de la cúpula
"Tenemos que esperar a las conclusiones, y a partir de ahí decir lo que tengamos que decir", dijo ayer Cospedal a la cadena SER, como Mariano Rajoy había dicho el día anterior. A pesar de que las víctimas del espionaje son miembros del Comité Ejecutivo Nacional (la cúpula del PP), la secretaria general del partido lleva una semana repitiendo que ella no es nadie para opinar sobre lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid por no ser miembro de la comisión. Mientras, el resto del PP permanece atónito y en un silencio marcial.

De qué manera pueden satisfacer al PP unas conclusiones que niegan los hechos investigados es algo que queda para el próximo miércoles, cuando se conocerá esa resolución del trabajo parlamentario. Cospedal dio "por descontado" que si hay algún responsable pagará por estos hechos. Pero en esta versión no queda claro si es la comisión de investigación la que debe encontrar responsables. Parece obvio que no lo va a hacer, puesto que niega los hechos mismos.
María Dolores de Cospedal aprovechó también ayer para defender a Ana Mato, vicesecretaria de Organización, con el argumento de que "lo que hace un marido no arrastra a la mujer", en referencia a los supuestos regalos que recibió el ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, de Francisco Correa, jefe de la trama de corrupción vinculada al PP que investiga la Audiencia Nacional.

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Los escándalos que afectan al PP
De la Vega: "El PP tiene que aclarar este barullo de prebendas y presunta corrupción"
L. R. AIZPEOLEA
La vicepresidenta exige desde La Moncloa "explicaciones cuanto antes"


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El espionaje en la Comunidad de Madrid - EL MINISTERIO PÚBLICO RECABA NUEVAS PRUEBAS SOBRE LOS SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS
El fiscal sigue adelante con la investigación del espionaje a cargos del PP en Madrid

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 14/03/2009

La Fiscalía de Madrid sigue adelante con la investigación de los supuestos espionajes al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ambos del PP, durante los meses previos a la batalla por el poder en el partido que perdió Esperanza Aguirre y ganó Mariano Rajoy. La fiscalía entiende que el contenido de los partes es verosímil, por lo que ha pedido nuevas pruebas y el pasado jueves firmó tres oficios recabando distinta documentación.

Trama de espionaje
GRAFICO - El Pais - 05-02-2009

Espionaje político en la Comunidad de Madrid

Mientras el PP de Esperanza Aguirre insiste en que los partes son falsos, basándose en algunos errores que cometieron los espías y que el Gobierno regional ha intentado magnificar con documentación reservada de las actividades del ex consejero de Justicia, los espiados (Cobo y Prada) se han ratificado en que la mayoría del contenido de los seguimientos acredita que sufrieron espionaje y reclaman a la justicia que aclare lo ocurrido.
Los agentes que elaboraron los partes de seguimiento se refieren en ellos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Dos informes periciales encargados por EL PAÍS señalan a uno de los agentes de esa consejería, José Manuel Pinto, como autor de algunos partes. El informe pericial encargado por el Gobierno regional, hecho con fotocopias, niega ese extremo.

Espiado mientras escucha a Aguirre
7-4-2008 La presidenta lanza en el Casino su "no me resigno"
El 7 de abril de 2008, los espías, tras abandonar el seguimiento del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, retoman el otro objetivo, el consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada. "(...) nos desplazamos a la calle Alcalá (Casino de Madrid), en el que se localiza el vehículo [de Prada] estacionado (recepción y almuerzo en el casino)". Prada asiste a un discurso de Esperanza Aguirre donde proclama su "no me resigno" con el que firma la guerra por el liderazgo del PP ante Rajoy. Una foto certifica el acto.

Cobo y Prada "salen a las 14.25"
8-4-2008 Reunión del comité ejecutivo del PP
El 8 de abril de 2008, los espías anotan que el vicealcalde Manuel Cobo y el consejero Prada entran en la sede del PP. Se reúne el comité ejecutivo. Es un hecho público, figura en agendas y previsiones informativas. Pero los espías aportan datos que sólo ellos conocen. "Salen a las 14.25. Seguimos a P, que toma dirección a su trabajo, donde permanece unos pocos minutos y se dirige a su domicilio, sale a los 30 minutos, y lo perdemos".

"Va en un coche que no es suyo"
10-4-2008 Prada clausura un acto de Promomadrid
El 10 de abril de 2008, los espías narran su diaria persecución de Prada y apuntan una cita que les resulta extraña. "Sobre las 14.00 P. se dirige a la calle Suero de Quiñones, número 34 de Madrid (edificio próximo al Auditorio Nacional), en un vehículo que no es el suyo, pero de similares características, donde permanece unos 30-40 minutos (se puede vislumbrar que se trata de un evento laboral por la existencia de varias personas esperándolo)". Prada, en efecto, clausuraba un acto de Promomadrid sobre arbitraje.

"Le hemos perdido"
23-5-2008 Prada y el fiscal Moix en Brea de Tajo
El 23 de mayo de 2008, los espías de la Consejería de Interior de Madrid anotan lo siguiente: "11.00 horas. Se monta. Está en Brea de Tajo. 13.00: Sale de Brea de Tajo. 13.20: se le pierde en cercanías salida" de la carretera. Luego le esperan en su domicilio y trabajo, y al no hallarlo, desmontan el dispositivo. El espiado, aunque no es citado, es Prada, que ese día acude en Brea de Tajo a una exposición de cuadros de los menores internados por la justicia en un centro local. Comparte el acto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ahora investiga el presunto espionaje sufrido por Prada y otros cargos del PP.

Vigilancia y matrículas de su cita con dos jueces
15-3-2008 (fecha errónea). Almuerzo
Los espías anotan una comida de Prada en el restaurante madrileño Lur Maitea el 15 de marzo de 2008. Cometen un error en el mes. Ocurrió el 15 de abril. Prada invitó al vocal del Poder Judicial José Merino (PP) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas. Sus colaboradores confirman la comida. Y el Gobierno de Esperanza Aguirre posee la factura. Los espías anotaron tres matrículas de vehículos que creían oficiales. Una sí lo era. Es secreta por ser de un alto cargo. Los otros dos son de Martinsa y de un particular. Los espías después van a su dirección general.

Casado y ocho testigos más
13-5-2008 Chinchón
El 13 de mayo de 2008, Alfredo Prada estaba en un acto con sus colaboradores en el parador nacional de Chinchón. Lo saben los espías: "Sobre las 12.20 detectamos el coche de P. en el Parador Nacional de Chinchón". Y lo saben sus ocho compañeros de encuentro, entre ellos, singularmente, el entonces portavoz de Justicia en la Asamblea por el PP, Pablo Casado, y miembro de la difunta comisión de investigación del espionaje. Prada ese día no estaba en León, donde estuvo un mes antes, el 13 de abril, fecha que erróneamente atribuyó este diario al parte del acto de Chinchón. Pero los espías no fallaron.

Premio y conferencia
26-5-2008. 'Madridiario'
Los espías actúan un día más como sombra de Prada: "18.35. Se dirige a Mateo Inurria, 25-27, llegando a este lugar a las 18.45, oficinas de Esade". En efecto, a esa hora clausura un programa en Esade sobre la función pública. "19.55. Sale del anterior ", anotan los espías, y, una vez más huérfanos de toda agenda, sólo saben que se dirige al Palace a las 20.20. "22.10 Sale del Palace. Llega a casa a las 22.20". ¿Qué ha hecho dentro? No lo saben. En el hotel, Madridiario entrega el premio a los personajes más influyentes. Prada es uno de ellos (según muestra Madridiario en la foto adjunta). Y el más espiado.
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La Fiscalía encuentra verosímil el contenido de los partes de seguimiento
14 mar 2009 - 05:09h
El consejero de Interior, Francisco Granados, acusó a Prada de haber mentido al asegurar que los partes de los supuestos espionajes coincidían con su agenda
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De la Vega pide al PP que explique sus "barullos"
Correa, indignado por la difusión de su ficha policial
Garzón vuelve a España pero no habla
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Luis Herrero: “Ya se han encargado los enemigos (en referencia a El Plural) de sacar la foto”
Losantos ataca a Enric Sopena por desvelar su amistad con Jesús Sepúlveda

Losantos acudió a Pozuelo para ayudar a Sepúlveda a ganar las elecciones
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¿Hasta cuándo la justicia seguirá beneficiando a la derecha?
El fiscal jefe de Madrid, Moix, parece el abogado de Aguirre

El diario El País acusaba en su editorial del pasado jueves a Esperanza Aguirre de haber convertido “la investigación del espionaje en una farsa”, mientras que exigía a Mariano Rajoy que se pronunciase, alegando que “los documentos que permitieron conocer el escándalo existen (…) y así lo reconoció Rajoy cuando decidió dejar en suspenso la investigación interna hasta comprobar el desarrollo de la comisión establecida en la Asamblea de Madrid”.

Puntualizaba el editorialista que “ahora ya lo ha comprobado, y le corresponde decidir. Si consiente, la autoridad interna que parecía haber adquirido tras el resultado de Galicia quedará en entredicho de la peor manera imaginable: no por una derrota electoral que desactive los efectos políticos de aquella victoria, sino por el gesto caciquil de su más recalcitrante rival”.
Rajoy ha consentido
Está muy claro que, una vez más, Rajoy ha consentido. El líder del PP no parece dispuesto a desautorizar a “su más recalcitrante rival”. Y, lo que es peor, no parece decidido ni mucho menos a enfrentarse con ella y con quienes están haciendo de la política popular un lupanar. O un patio de vecinos, donde no cesan las malediciencias, las rencillas, las envidias, los insultos y empiezan a abundar las reyertas entre unos y otros.
Bandas mafiosas
En Génova 13 no hay corrientes ideológicas más o menos radicales o más o menos moderadas. Lo que hay de verdad son bandas de carácter mafioso -aunque no sangrientas- que se pelean por llevarse crudo el botín de su rapiña. Y eso no ocurre sólo en la actualidad, pues viene de tiempos que comienzan a ser lejanos, cuando el PP nos era presentado como el paradigma de la honestidad y del honor.
Estas gentes que presumían…
Cuanto ha salido a la luz hasta ahora resulta pestilente. Estas gentes que presumían constantemente de estar en el PP debido a sus valores, a sus creencias y a sus profundas convicciones están demostrando que a su lado los fariseos de los evangelios eran poco menos que angelitos del cielo. Lo cierto es que tenían razón, hace unos veinte años, quienes -como consta en las cintas del caso Naseiro- alardeaban entre ellos, hablando por teléfono, de que se habían metido en política para “forrarse” o para “hacerse ricos”.
Inexplicable
Volvamos al editorial del periódico de Prisa. Su último párrafo era el siguiente: “En este contexto de forzada parálisis política, la pasividad del fiscal que investiga el caso, Manuel Moix, resulta aún más inexplicable. La independencia de la justicia obliga a respetar sus ritmos. Pero el cierre vergonzante de la comisión (…) hace recaer sobre sus hombros mucho más que la simple averiguación de unos hechos: la demostración de que el Estado de Derecho sigue vigente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre”.
Todo lo contrario
¿Pasividad inexplicable la de Manuel Moix? Todo lo contrario. Su pasividad de ahora se explica con relativa facilidad a la luz de su vertiginosa rapidez al pronunciarse públicamente -pocas horas después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre el espionaje- y decir que, según su criterio y con las debidas cautelas, él no advertía indicios que condujeran a acciones delictivas.
No es un fiscal cualquiera
Moix no actuó como fiscal, sino como abogado defensor de la principal implicada que era Esperanza Aguirre. Moix no es un fiscal cualquiera. Es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo por lo que declaró aquellos días habría tenido que ser separado de sus funciones respecto al caso del espionaje. ¿Qué crédito puede tener un Tribunal como el citado que permite que su fiscal jefe tome partido evidente por una de las partes y que, pasado el tiempo, ha sido en cambio más bien pasivo en su trabajo?
El amigo íntimo de Camps
También está contaminado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Su presidente, como sabemos, es amigo íntimo de Francisco Camps, lo que está más que contrastado. Con el añadido de que quien fuera su consejero de Justicia es ahora vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Hasta cuándo y hasta dónde la derecha continuará siendo beneficiada por la justicia? ¡Cuidado! Recordemos de nuevo el caso Naseiro o la escandalosa pasividad a la hora de investigar de verdad a Carlos Fabra.
Enric Sopena es director de El Plural -->
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Los imputados del caso Gürtel siguen acaparando cargos públicos
Bosch se niega a dimitir en Boadilla para recibir una indemnización

Sobre la foto de su hija con Francisco Correa responde que “no tengo nada que decir”
A Camps, el de los trajes, le defiende Ana Botella

“Pozuelo es una ciudad muy bien gobernada, muy bien cuidada, en la que se vive muy bien”
Escuche los elogios que Aznar dedicó a “su buen amigo” Jesús Sepúlveda

Ricardo Costa, acusado de recibir trajes de El Bigotes, asegura que “es un lujo” tenerle en el partido
El PP ya no evita fotografiarse con Fabra

La portavoz de los socialistas madrileños lamenta estas acusaciones en un momento en que hay un debate "muy serio" en Madrid
La derecha ataca a Maru Menéndez a través del pasado golpista de su padre

“En Pozuelo se vive muy bien porque gobierna, y muy bien, el Partido Popular”
Aznar elogió a su “buen amigo” y "querido" Jesús Sepúlveda en una conferencia que pronunció con Pedro J.

Su oficina lo desmiente categóricamente y Nacho Escolar asegura que si
¿Recibió también Arenas regalos de Correa?
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divendres, 13 de març del 2009

PP Vice. 13/03/2009. La familia Aznar, invitada en el palco VIP de Francisco Correa.

Paco Correa en su palco, junto a Alejandro Agag, Ana Aznar y Jacobo Gordon.
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Viernes, 13 de Marzo de 2009

Ricardo Costa Climent , un pijus magnificus con sastre a la medida

Caso Gürtel : A Mariano se le acumulan los imputados las 24 h judiciales incluidas

Caso Gürtel : La trama de Madrid se acerca a la condesa gacela

Caso Gürtel : La trama de Valencia ya tiene cercado al piadoso de Camps

Serafín Castellano : Otro Consejero del piadoso de Camps con amistades peligrosas y muy rentables

Rinconete González González : siempre viaja en metálico con sus amigos de concursos

Caso Granados $ González : Crónica de un ajuste de cuentas las 24 h judiciales incluidas

50 genoveses prometedoramente sospechosos

Alberto Núñez Feijóo : Crónica de un trilero

Valcárcel ya tiene a un ex Consejero propio detenido por cohecho y prevaricación

El yernisisimo de La Cosa, un tal Agag ya tiene donde explicarse

Los amigos de Acebes fichan por " El Albondiguilla ". Pura casualidad y el que diga lo contrario es un miserable

Michavila & Letrados de Cortes varios, SL : ¿Un despacho bajo sospecha?

Juan Cotino : El Opus Dei y la familia marcan a su espíritu, a su Consejería y a su C/C

Rouco & Gallardón se ganan la tierra y el cielo respectivamente

Cortadillo Granados Lerena : El dan domina su vida y su C/C las 24 h judiciales

D. Fabricio : un imputado bocazas y en ocasiones sincero

Jaume Matas investigado por su patrimonio acumulado

Baltar : la trayectoria de un perillán en versión caciquil y cutre

D. Zaplanini aparece tapando sus agujeros míticos

Los pisitos más populares : Suma y sigue

La Condesa gacela sigue aportando Consejeros bajo sospecha.

La sucesión de Mariano

Pedro J Ramírez ya tiene su ERE

Operación salmón : Las cuentas del clónico Soria al descubierto

Para habernos matado : crónica inacabada de navajazos entre los genoveses amigos

El rock de la cárcel genovesa continúa en su esplendor
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La familia Aznar, invitada en el palco VIP de Francisco Correa

El presunto líder de la trama vinculada al PP, invitó a su palco del Master Series de Madrid a importantes figuras del PP nacional y madrileño

MARIELA RUBIO / CADENA SER 13-03-2009

Francisco Correa, presunto líder de la trama vinculada al Partido Popular, invitó a su palco del Master Series de Madrid a importantes figuras del PP nacional y madrileño. Por su palco VIP personal pasaron incluso miembros de la familia Aznar: su hija Ana y su yerno Alejandro Agag

AUDIOS: Correa: "Dile a Sepúlveda que me debe el Range Rover, 14millones, me iba dar una obrita"

Aznar se niega a responder sobre su relación con Correa
Galeote presentará este viernes la renuncia a su acta de concejal de Estepona tras su imputación en el caso Correa
De Cospedal asegura que "la espiral" iniciada por Garzón lo convierte en "víctima"

"El palco VIP más rentable del Master", así solían llamarlo en el entorno de Correa. ¿La razón? A pesar de su elevado coste, el presunto líder de la trama corrupta pudo sacarle un elevado rendimiento en negocios para sus empresas.

Correa invertía cada año cerca de 18.000 euros en palcos en este evento deportivo y lo hizo desde 2002 hasta 2007. La encargada de la gestión, según fuentes próximas a Correa, era la también imputada Isabel Jordán.

Jordán alquilaba cada año al menos dos palcos en el Master Series: uno de ellos a nombre de Special Events (empresa considerada por Garzón como epicentro del la trama) y otro a nombre de Correa. El primero era para los clientes de la empresa y por allí pasaron, como aseguran en el entorno de Correa, alcaldes populares madrileños, tenientes de alcalde e incluso importantes cargos del PP regional. El segundo palco era reservado para el presunto líder de la trama y sus amigos más próximos. Este es el palco que aparece en la foto y por el que además de la hija y el yerno de José María Aznar, según fuentes próximas a Correa, pasaron importantes miembros del PP nacional.

Jacobo Gordon
El hombre que aparece en la foto con chaqueta verde, Jacobo Gordon, es amigo, compañero de universidad y antiguo socio de Alejandro Agag (fue testigo en su boda y mantenían una estrecha relación desde su etapa en el Cunef (la conocida como la universidad de los banqueros). Gordon está imputado en el caso Gürtel ya que es administrador único en una de las sociedades de la trama presuntamente corrupta: la sociedad de inversión inmobiliaria Castano Corporate, donde los también imputados Pablo Crespo y Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol con Alfonso Cortina, fueron socios y administradores.

En las grabaciones de la Operación Gürtel, su nombre aparece en reiteradas ocasiones vinculado con una promoción inmobiliaria en Majadahonda, con el "tema valenciano", con su "desastrosa" (así lo dice Correa en las cintas) gestión en algunos negocios y con su relación con Aznar. "Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha hecho nada", asegura Francisco Correa en las grabaciones del caso. _

España 13-03-2009
Galeote presentará este viernes la renuncia a su acta de concejal de Estepona tras su imputación en el caso Correa
... facturó casi 54.000 euros a una empresa vinculada a Francisco Correa, principal imputado en la causa y cuya mujer fue, durante unos meses, jefa de prensa del Ayuntamiento de Estepona durante el mandato del PP. El popular está citado a declarar el próximo 18 de marzo como imputado en el caso Correa ...

España 13-03-2009
Garzón afirma que sus cuentas "están claras"
... demasiado". Prefirió no hacer comentarios sobre la querella por prevaricación presentada en su contra por el PP por el llamado 'caso Correa', que investiga supuestos casos de corrupción vinculados a políticos ese partido. "Estoy fuera de mi país y no me gusta hablar de temas de mi país cuando no ...

España 13-03-2009
De Cospedal asegura que "la espiral" iniciada por Garzón lo convierte en "víctima"
La secretaria general del PP ha dejado al margen de la trama de corrupción a Ana Mato: "Ha pasado ya tiempo en España desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos"

España 12-03-2009
Aznar se niega a responder sobre su relación con Correa
El ex presidente del Gobierno guarda silencio ante las preguntas sobre Correa, el supuesto cabecilla de la trama de corrupción

España 13-03-2009
Audio: Entrevista a María Dolores de Cospedal en Hoy por Hoy (13/3/2009)
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha culpado al juez Garzón de llevar el caso Correa sin demasiada "discreción"

España 11-03-2009
Correa: "Me voy a calzar a Beltrán"
por Correa es falso. Se asegura que los contratos del PP de Madrid con Correa se hicieron con ...

España 12-03-2009
Audio: Ana Mato: "No me consta nada"
La diputada del PP Ana Mato ha dicho hoy que a ella no le consta "nada" sobre las informaciones que apuntan a que su ex marido, Jesús Sepúlveda, recibió del principal encausado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, un coche de lujo como regalo cuando era secretario electoral de este partido en el año 1999.

España 12-03-2009
Audio: Camps: "Queda un ratito largo"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el Parlamento esta mañana se refiere así a las preguntas de la oposición sobre el 'caso Correa': "No hay nada que esconder, nada que esconder y nada de lo que arrepentirse durante estos años". Sé que queda un ratio largo, que se van a seguir montando esta fiesta ustedes. Estoy preparado personalmente y políticamente para soportar este ratito largo".

Las noticias del caso Correa
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De la Vega insta al PP a que deje de presionar a Garzón

La secretaria general del PP pide "la misma vara de medir" la presunción de inocencia del juez y de los militantes de su partido imputados en la trama

ELPAÍS.com - Madrid - 13/03/2009

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha salido al paso de las críticas lanzadas desde el Partido Popular (PP) al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la instrucción del caso Gürtel exigiendo "respeto" a la "independencia" del magistrado. "Me parece exigible que se respete el trabajo de los jueces" ha manifestado De la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La número dos del Gobierno ha pedido que se deje trabajar con independencia a la Justicia y no se ejerza "presión", en referencia a las protestas del PP ante el CGPJ.
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Garzón dice que la investigación por sus cobros en el extranjero "no tiene fundamento"

Maria Dolores De Cospedal García

"Tenemos la obligación de crear un clima de seriedad y respeto exigible" hacia la Justicia ha continuado la portavoz del Ejecutivo socialista quien ha añadido que "eso no se ha producido" en las últimas semanas. No obstante y sobre las palabras expresadas ayer por el magistrado de la Audiencia Nacional, De la Vega ha afirmado que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actuar si considera que el juez ha hecho declaraciones que no debe hacer.
Garzón volvió a negar anoche que cometiera irregularidad alguna y aseguró que respondería a las acusaciones cunado regresara a España de una estancia en Guatemala. "Hablaré y a lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme", aseguró.

Garzón, víctima de sí mismo
Por su parte, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy en una entrevista en la Cadena Ser que el juez es "víctima de una espiral que el mismo ha provocado; empezó como una causa presentada contra el PP, después se van produciendo filtraciones y ahora aparecen informaciones sobre actuaciones de Garzón".

La número dos de los populares ha admitido como lógico que el juez esté "irritado" si aparecen informaciones sobre "actuaciones no muy éticas", en relación al supuesto cobro de unos cursos y conferencias durante su estancia como docente en EE UU, además de su sueldo en España, pero ha pedido que se aplique la misma vara de medir. "¿Quién restituye la honorabilidad de las personas que aparecen en los periódicos y luego son inocentes?", ha preguntado Cospedal para referirse a los miembros de su partido imputados en la investigación de la trama corrupta de empresas dirigidas por Francisco Correa.

Preguntada sobre si ha sido el propio Garzón quien ha filtrado a la prensa las informaciones antes de que se conociera el sumario, Cospedal se ha limitado a asegurar que habrá que demostrar de donde proceden. "Hay cuestiones que se han filtrado que van más allá de de las denuncias presentadas", ha afirmado. En cuanto a Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), imputado en la trama y ex marido de Ana Mato, Cospedal ha defendido a la dirigente popular. "Ha pasado ya tiempo en España desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos y lo que hace un marido no arrastra a la mujer", ha indicado, preguntada por el Jaguar que supuestamente Correa regaló a Sepúlveda.

Comisión de espionaje en Madrid
Sobre el otro escándalo que afecta al PP, la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid y el cerrojazo impuesto por su grupo en la Asamblea, Cospedal considera que hay que esperar a conocer las conclusiones el próximo miércoles antes de emitir cualquier valoración y decidir si se reabre la investigación interna que inició en su partido y que quedó aparcada cuando empezaron los trabajos en el Parlamento madrileño. "La tarea de recabar información dentro de un partido es muy complicada; yo no soy juez", ha indicado. El pasado martes, la secretaria general del PP sugirió que no le disgustaba la forma en que se había cerrado la comisión, aunque posteriormente matizó que habría que esperar.

Dispuesto el PP a dejar a un lado en el País Vasco las disputas con el PSOE, Cospedal ha afirmado que "desea de corazón" que Patxi López sea el próximo lehendakari. "Tiene que desparecer el miedo a la democracia y a la alternancia", ha señalado Cospedal, que ha reiterado que "no pasa nada" porque el PNV esté en la oposición, gracias al acuerdo entre socialistas y populares.

Cospedal ha extendido la predisposición del PP a colaborar con el PSOE para luchar contra la crisis económica, pero ha precisado que el hombro hay que "arrimarlo para hacer cosas útiles". La número dos del PP ha señalado que no va a "decretar la muerte política de nadie", en relación al ministro de Economía, Pedro Solbes, pero considera que "no ha tenido muchos aciertos".
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Los escándalos que afectan al PP

Garzón envía la investigación de la trama a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia

El magistrado hace efectiva la inhibición al haber aforados en la red corrupción dirigida por Correa.- El sastre de Camps vuelve a declarar en la Audiencia

ELPAÍS.com - Madrid - 13/03/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado hoy la investigación del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, tras acordarse el pasado jueves 5 de marzo la inhibición en favor de estos al hallar indicios en la causa contra aforados regionales de ambas comunidades. El magistrado ha remitido los correspondientes oficios, aunque los había dejado firmados antes de irse de viaje el pasado martes. El envío no se ha hecho efectivo hasta hoy por problemas técnicos con los servicios de reprografía, dada la gran cantidad de fotocopias que han tenido que hacerse para remitir la causa completa a ambos tribunales, según han informado fuentes jurídicas.
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El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta
De la Vega insta al PP a que deje de presionar a Garzón
Camps: "Estoy preparado para aguantar" Aguirre: "Los implicados han dimitido"

Auto de Garzón de inhibición en favor del TSJ de Valencia
DOCUMENTO (PDF - 172,5Kb) - 05-03-2009

Francisco Camps Ortiz

Veinte minutos después de las dos de la tarde han comenzado a salir las nueve primeras cajas de folios de la Audiencia Nacional con destino a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Ante el aparente retraso de la remisión de la causa, el PP presentó ayer un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando al juez por ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión.

A pesar de haber acordado la inhibición con respecto a los aforados, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, Garzón mantiene la instrucción de la causa con respecto a los otros 37 imputados no aforados a los que ya ha tomado declaración y a los que se suman otros seis a los que ha citado para tomar declaración el próximo miércoles, entre los que destacan los alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López.

Interrogatorio al Sastre de Camps
Garzón ha vuelto hoy a tomar declaración como testigo a José Tomás, empleado de las dos tiendas en las que supuestamente se adquirieron varios trajes para el presidente valenciano por parte de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. El interrogatorio ha durado aproximadamente una hora y a la salida ni Tomás ni su abogado han realizado declaraciones. Garzón acusa a Camps de recibir trajes por valor de 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por una cantidad próxima a los cuatro millones de euros.

En el auto emitido por el magistrado el pasado 5 de marzo se detallaban una serie de pruebas en las que se apoya la acusación de sobornos a Camps y otros dirigentes valencianos, como el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y el director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Facturas y grabaciones
Entre dichas pruebas hay facturas de los establecimientos, las declaraciones del sastre que les suministraba el vestuario e incluso les tomaba las medidas en sus despachos y las grabaciones de los cabecillas de la trama en la que confirmaban los obsequios a los políticos valencianos. Los implicados pagaban a las empresas con facturas falsas para no dejar pistas.

De acuerdo con la instrucción del juez, Camps acudió a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, El Bigotes (administrador de Orange Market) para comprar ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el hoy interrogado José Tomás, persona de confianza de Pérez de Alonso. Garzón apuntaba también a la supuesta financiación ilegal del PP, de al menos 420.000 euros, según consta en las cuentas de las empresas investigadas.

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El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta

La formación denuncia al juez ante el Poder Judicial por maniobras "torticeras" - La fiscalía pide al Supremo el archivo de una querella anterior por prevaricación

P. X. SANDOVAL / M. A. - Madrid - 13/03/2009

El PP redobló ayer sus ataques contra el magistrado Baltasar Garzón mientras arrecian las revelaciones sobre la trama de corrupción con empresas de Francisco Correa y que afecta a cargos vitales del partido. No hubo reacción alguna de la dirección de la formación ante la cacicada del PP de Madrid al cerrar la comisión sobre la red de espionaje, con graves acusaciones a un miembro de la dirección del PP. Tampoco hubo movimientos sobre la trama de corrupción que afecta a sus cargos de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso sí, los populares presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que piden de nuevo que se sancione al juez que lleva el caso, Baltasar Garzón.

El PP acusa al juez de "dar apariencia de legalidad" a sus actuaciones

Todo, en el día en que se conocían nuevos detalles de la vinculación de Correa con Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuando era secretario electoral del PP y estaba casado con la actual secretaria de organización, Ana Mato.

El escrito del PP no ahorra calificativos para el juez. La estrategia de desacreditación de Garzón como juez político -"es un socialista", dicen para descalificarle- ha pasado de mera defensa mediática a verdadera estrategia política del PP. En los últimos días se ha instalado en el partido la convicción de que la cúpula no depurará responsabilidades. Y sigue haciendo todo lo posible por desacreditar la causa judicial.

"Actuaciones publicitarias"
En la queja al CGPJ, el PP atribuye al magistrado prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras, y uso fraudulento del secreto de sumario. También acusan al juez de "cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias".

Entre ellas, el PP cita que a Camps se le comunicó la resolución telefónicamente, con una llamada a su número personal el día que se notificó la resolución. Un policía que se identificó como miembro de la Unidad de Delitos Económicos pidió al presidente valenciano un número de fax para remitírsela. Al día siguiente, otro inspector de policía de Madrid contactó con el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos con el mismo objetivo. A Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, el auto se le notificó en una comisaría de Valencia, según el PP.

La causa contra los dos hombres más poderosos del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa, es la principal preocupación del partido, que se ha empeñado en defender su inocencia, aunque por tener el mismo tipo de relación con las mismas empresas han dimitido tres alcaldes y un consejero en Madrid.

El PP asegura que esas actuaciones sólo se deben a "las necesidades personales del juez Garzón que tenía programado su viaje [esta semana ha participado en varios actos en Panamá y Guatemala] y concedido su permiso para asuntos propios". Sin embargo, dos magistrados especialistas en derecho penal aseguraron ayer a este diario que el procedimiento es "perfectamente legal" y "bastante usual en macroprocesos en los que son muchas las partes y los afectados". La ley, dicen, permite que se notifiquen resoluciones "por cualquier medio idóneo", como el fax o la comunicación en comisaría.

Respecto a que Garzón notificara a Camps el auto a pesar de que no es competente para investigar sus delitos -por lo que no es parte en la causa- los magistrados subrayan que el juez ordenó que la resolución se notificara no sólo a las partes, sino también a las "personas afectadas", entre las que se encontraría el presidente valenciano. "Se trata de asegurar que todas estas personas, incluidas las aforadas, no sufran indefensión y tengan conocimiento de los hechos por los que en el futuro podrían ser imputados".

El PP acusa además a Garzón de haberse ausentado de España sin haber enviado copias de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, a favor de los cuales se ha inhibido. Pero según los jueces consultados, la labor del juez en estos casos se circunscribe a elaborar el auto de inhibición en el que se ordena remitir las actuaciones a los tribunales competentes, como hizo Garzón. "La realización de las copias y su envío efectivo es una labor burocrática cuya ejecución corresponde al secretario judicial y los funcionarios del juzgado, no al magistrado".

Es la cuarta maniobra del PP para neutralizar la investigación. Primero, intentó sin éxito personarse en la causa para recusar al juez. Después, denunció ante el CGPJ la asistencia de Garzón a una cacería con el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo. El escrito fue archivado. Antes de la iniciativa de ayer, presentó una querella ante el Supremo acusando a Garzón de prevaricación. La fiscalía pidió ayer el archivo de la querella al no encontrar "delito alguno" y desairó al PP al decir que los hechos denunciados "plasman una disconformidad del partido con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación".

En una entrevista en RNE, Rajoy dijo sobre Francisco Correa, organizador de los actos del PP cuando él estaba en el Gobierno, que no recordaba si lo conocía, pero sí que había cortado los vínculos de la cúpula del PP con él.

Al día siguiente de que el secretario general del PP de Madrid acusara públicamente de mentir a un miembro de la dirección del partido, Alfredo Prada, Rajoy le quitó importancia y dijo que "pasa en todas partes".

Eso no le pareció importante. Lo importante, replicó, es "¿qué hace Garzón en Guatemala?". El juez está en Guatemala desde el pasado día 10 impartiendo un curso. Ha pedido que le descuenten los tres días de sueldo, informa José A. Hernández.
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Camps no aclara ninguna duda sobre su implicación en la 'operación Gürtel'

El presidente ignora el contenido del auto y se presenta como una víctima

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 13/03/2009

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no despejó ayer en el pleno de las Cortes ninguna de las dudas que suscita su implicación en la operación Gürtel ni su relación con Orange Market, y su responsable en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Acosado por la oposición parlamentaria, que insistió por cuarta vez consecutiva en preguntar sobre el contenido del auto del juez Baltasar Garzón, Camps arremetió contra la oposición.

El Consell no ha desmentido las informaciones publicadas

Lo hizo reforzado anímicamente, tras lograr el pasado martes el respaldo del PP nacional, y con la bancada popular aplaudiendo ayer en cada pausa de su intervención. Camps se presentó en el hemiciclo como una víctima de la "insidia, la infamia y el insulto" de una oposición que, en su opinión, "ha traspasado una línea incomprensible".

Pero ¿qué línea traspasó la oposición ayer? El portavoz socialista, Ángel Luna, pidió a Camps una "explicación razonada y razonable" del contenido del auto judicial, basado en los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), del fiscal anticorrupción nombrado durante los gobiernos del PP y redactado por el juez Baltasar Garzón.

Luna exigió al presidente de la Generalitat explicaciones de lo que consideró un "relato verosímil y concreto" que incluye un conjunto de "evidencias" como que la trama corrupta desembarcó en la Comunidad Valenciana con Camps y que "con su amparo" se produjeron los negocios.

El portavoz socialista no quiso entrar en el asunto de los trajes, que consideró una "cuestión accesoria" frente al asunto de las adjudicaciones. "Esta situación le coloca como sospechoso sin coartada. Con este relato de hechos usted está moralmente imputado", indicó Luna.
Camps replicó: "Usted se ha adentrado hacia lo peor de la política".

Luna reprochó al presidente de la Generalitat su decisión de enrocarse en el silencio. "No sé si tiene miedo a explicar algo que luego se contradiga en el sumario, pero usted es penalmente responsable de los hechos que le achaca Garzón, no solo políticamente", explicó el portavoz socialista, que además negó el derecho a Camps a envolverse en la bandera de todos los valencianos para no afrontar los hechos.

La intervención de Luna encrespó a Camps. Hasta el punto de que le acusó de haber cruzado una línea infranqueable por "decir cosas que no se deben ni pensar". Tan agria fue la reacción de Camps que tras acabar la sesión de control, el vicesecretario de Organización del PP y portavoz adjunto, David Serra, anunció en los pasillos que su partido "tomará las medidas oportunas" por lo que consideran una "extralimitación de la oposición". A la de Serra le siguió una oleada de advertencias de similar contenido por parte de consejeros y altos cargos populares indignados por que se hubiese considerado al presidente Camps penalmente responsable en sede parlamentaria.

La oposición, en cualquier caso, no pareció ayer muy afectada por la indignación popular. Hasta el punto de que siguió utilizando las referencias a los trajes y al sastre de Camps con naturalidad en sus intervenciones en el Parlamento. Razón por la que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, llegó a exclamar: "Han renunciado a hacer oposición, se dedican a hacer carroñerismo político. Es una especie de cuento que se cuentan con ayuda de algunos medios de comunicación".

Unos medios de comunicación que han informado sobre el contenido del sumario, los informes del fiscal, el auto del juez Baltasar Garzón y las contrataciones de la Generalitat con Orange Market y que el Consell no ha podido desmentir.

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, pidió a Camps una valoración política de la imputación del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y del contenido del auto del juez Baltasar Garzón. Y Camps insistió en el enroque: "Creo en la inocencia absoluta de todas las personas y se demostrará en sede judicial".

Oltra reaccionó con una intervención en la que intercaló la relación de las piezas de ropa que, según el auto, Orange Market pagó para los cargos del PP con versículos de San Marcos. En su alocución advirtió sobre la pérdida de confianza de la sociedad en la justicia a raíz de las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, e interrogó al presidente del Consell sobre el momento en el que dejó de ser "un hombre recto". Una intervención cuyo contenido Camps tachó de ridículo y absurdo. "Cada vez que unen sus objetivos y discursos [PSPV y Compromís] la gente se hace más del PP", sentenció.
En este clima de tensión, Ricardo Costa acudió ayer al balcón del Ayuntamiento de Valencia para asistir a la mascletà y tantear el ambiente antes de decidir cuándo acudirá Camps, informa Lidia Maseres.
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AUDIO: Escucha la entrevista a Cospedal (Cadena Ser)
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De la Vega pide al PP que explique sus "barullos"

La vicepresidenta pide que aclaren el presunto regalo de un Jaguar por parte de Correa al ex alcalde de Pozuelo.

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Sepúlveda asegura que Correa no le ha regalado ningún coche
El PSOE pide explicaciones a Mato sobre los regalos a su ex marido
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Garzón calla a su regreso

El juez afirmó ayer que al volver a España hablaría y "a lo mejor me dicen que me tengo callar".
Garzón envía las cajas del 'caso Gürtel' a Madrid y Valencia
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Los espiados del PP se revuelven contra Esperanza Aguirre

El Ayuntamiento de Madrid anuncia el recurso contra los estatutos de Caja Madrid.

JUANMA ROMERO - MADRID - 13/03/2009 08:00

Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas destempladas la comisión del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid no significa que la ley del silencio funcione. Ayer lo pudo comprobar la presidenta. Dos de los presuntos espiados del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron seguimientos. La fractura en el PP volvió a asomar. Por el espionaje y por la guerra en Caja Madrid.

Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No cambio nada de lo dije cuando se supieron los seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse del fardo, rechazar las acusaciones de "mentir" que los aguirristas habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles, por boca del consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con detalle cómo los movimientos que describen los partes, en abril de 2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.

El vicealcalde quiere que se equipare su espionaje al de Ignacio González

No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines". Por eso él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado de guardia, cuando El País señaló a un técnico de seguridad, gracias a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas. "Granados querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega Aguirre], mi partido en Madrid querrá saberlo".

"Igual de infame y mafioso"
El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el seguimiento que él asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que afecta al número dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias", subrayó.

El Gobierno regional insiste en que nunca hubo seguimientos
Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó que habría estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó asimismo de elevar responsabilidades a la cúpula nacional del PP. Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex consejeros de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene competencia para tareas de vigilancia o contravigilancia. Y por otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".
Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de Mariano Rajoy, convergió con Cobo. Ayer, en declaraciones a Europa Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que "nunca" había mentido cuando dio credibilidad a los partes. Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la Asamblea. La Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho, sostuvo.

La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos recursos contra la Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que menguan la representación del Consistorio en los órganos de gobierno, porque se consideran "lesivos" para los intereses de los madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa Virginia Zafra. El sindicato estudia acudir incluso al Defensor del Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre, aprobada a toda prisa en diciembre de 2008.
González respondió seco. Cree "incongruente" que Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que tendrá que aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los impondrá el Gobierno regional. Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en evidencia que no ha habido espionaje".
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Rajoy congelará la investigación

El PP "no se inmiscuirá" en los trabajos de la Comunidad de Madrid

MARÍA JESÚS GÜEMES - MADRID - 13/03/2009 08:00

Mariano Rajoy no parece dispuesto a activar ninguna investigación interna en el PP. Ni para esclarecer la presunta trama de espionaje y corrupción en la Comunidad de Madrid, a pesar del portazo que Esperanza Aguirre le ha dado a la Comisión en la Asamblea regional, ni para ver hasta dónde se extienden las redes de Francisco Correa y sus socios dentro del partido conservador.

El presidente del PP lo dejó claro ayer en una entrevista que concedió a RNE. Al hablar de Correa, el principal implicado en el caso Gürtel, Rajoy dijo que va a estar "a lo que digan los tribunales". "Le es más fácil investigar a la policía y al juez que al PP", sostuvo.

En cuanto a la comisión de investigación madrileña a Rajoy cree que se le está dando un "trato injusto", sobre todo si se tienen en cuenta "los precedentes". El presidente del PP recordó que su partido pidió "once comisiones en la última legislatura y no se hizo ninguna". Por eso valoró positivamente que su partido, al menos, hubiera aceptado ponerla en marcha porque con mayoría absoluta "podía no haberlo hecho". En cualquier caso, antes de pronunciarse definitivamente sobre este asunto, el líder del PP prefiere esperar a "conocer las conclusiones".
Pero por si en unos días todo queda en el olvido, el dirigente conservador empieza esgrimir ya los argumentos que empleará para justificarse. Así ayer se quejó de que el PSOE no haya realizado "ni una" sola comisión de investigación desde que gobierna en Andalucía, incidió en que él en su día exigió una sobre los afectados por Forum y Afinsa, otra sobre los incendios de Guadalajara y otra sobre Endesa y, por último, especificó que, en estos momentos, tenía dos planteadas en el Congreso: una para esclarecer la cacería de Jaén, en la que participaron el juez Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, y otra por el caso Lukoil. "Yo quiero una comisión aunque dure un mes", reclamó.

Evitar la encrucijada
Varios miembros del PP creen que lo mejor que puede hacer Rajoy es "congelar" definitivamente la investigación que abrió en su momento a la espera de lo que dictaminen los jueces. Así no se verá en una encrucijada: ni entra en una guerra abierta con Aguirre ni le da carpetazo total. En el PP algunos están "indignados" por cómo se ha actuado en la Asamblea madrileña, pero otros defienden "que más vale algo que nada". "Antes de criticar si ha sido corta o breve, por lo menos se debe resaltar que ha existido", comentan.

Eso sí, la mayoría es consciente de que este "stand by" puede no ser bien visto por la opinión pública. A pesar de ello los que rodean a Rajoy creen que lo que hay que hacer ahora es aprovechar el "halo vencedor" y están convencidos de que lo único que quiere su jefe de filas es tranquilidad para encarar las europeas.

Los colaboradores de Rajoy confirman que no habrá movimientos. Explican que no tiene mucho sentido que el PP a nivel nacional "se inmiscuya" en los trabajos de la Comunidad de Madrid y que cuando Rajoy decidió que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se encargara de la investigación no había en marcha una política ni una judicial. Ahora ya no lo ven necesario.
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Agricultura encargó dos días antes la obra que sirvió a Camps para su acto de apoyo

Firmó una resolución de encargo destinada a la empresa pública Tragsa por valor de 3,2 millones

S. C., Valencia

La Conselleria de Agricultura encargó las obras para construir el nuevo centro de investigaciones agrarias que acogerá en un futuro la localidad de Carlet sólo dos días antes de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, colocase la primera piedra de dicha instalación durante el transcurso de un acto celebrado el pasado lunes. El viernes 6 de marzo, los responsables del departamento agrario de la Generalitat firmaron una resolución de encargo a través de la cual se ordenaba a la empresa pública Tragsa la ejecución del ya referido centro de investigaciones. La naturaleza pública de la citada firma no hace necesario el trámite de licitación pública de un determinado proyecto para que puedan concurrir las empresas que lo deseen porque en casos como estos se considera que la administración actúa con medios propios. El mismo día en el que se firmó esa resolución de encargo de la obra, la propia Conselleria de Agricultura convocó para el lunes siguiente -es decir, el 9 de marzo-, el encuentro con dirigentes del sector agrario valenciano en Carlet para que Francisco Camps colocase la primera piedra del centro de investigación. El evento en cuestión se transformó de inmediato en un acto de desagravio a la figura de un presidente de la Generalitat que venía de pasar los días más complicados de su carrera política tras desvelarse su implicación en el caso Gürtel por parte del juez Baltasar Garzón. La alcaldesa de Carlet, María Ángeles Crespo, fletó incluso autobuses gratuitos para que algunas asociaciones, como las de amas de casa, acudiesen a arropar a Camps.

"La dignidad del cargo"
Durante el citado encuentro, la cuestión agraria y el instituto de investigaciones pasaron de inmediato a un segundo plano. La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, no disimuló en absoluto ni sus intenciones ni los objetivos de la convocatoria: "Todos ustedes están hoy aquí -dijo- para poner en valor un proyecto, pero también para defender la dignidad de un pueblo, la dignidad de un hombre y la dignidad del cargo que ostenta Francisco Camps". El jefe del Consell se dio aquel día un pequeño baño de multitudes en el que no faltó la presencia de destacados dirigentes agrarios como el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el de las cooperativa del sector (Fecoav), José Vicente Torrent.El centro de investigaciones agrarias de Carlet cuyo proceso de construcción inició la Conselleria de Agricultura la semana pasada y que sirvió como escenario para tributar un homenaje a Camps arrastraba en realidad un retraso de dos años, ya que fue el anterior conseller de Agricultura, Juan Cotino, quien anunció este proyecto en septiembre de 2006. En cualquier caso, es ahora cuando se retoma la iniciativa y se hace en los términos ya apuntados. Desde la Conselleria de Agricultura se aseguró ayer a este diario que el procedimiento empleado para dar curso legal al comienzo de las obras, esto es, la llamada resolución de encargo, cumple a todo los efectos la función de un contrato con la empresa pública Tragsa, con la cual no será siquiera necesario firmar un documento contractual al uso. Con la resolución de encargo basta, según el punto de vista del departamento que dirige Maritina Hernández. Mediante esa fórmula, también denominada encomienda, la Conselleria de Agricultura establece en este caso un plazo de 16 meses para la ejecución de las obras del centro de investigaciones agrarias de Carlet y un presupuesto de 3,2 millones de euros.

Desde el mismo departamento del Consell se aseguró igualmente que el todo el procedimiento ya cuenta con la preceptiva fiscalización previa a cargo del interventor y que, por tanto, ya está todo a punto y las obras comenzarán "en breve".

Otras fuentes, sin embargo, apuntaron que la mecánica no es tan sencilla y que este tipo de relaciones mercantiles, aún cuando se materialicen con una empresa pública como en este caso, deben sustentarse en la firma de contratos específicos, por lo que consideran que el proceso para el comienzo de las obras todavía se alargará durante algún tiempo.
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